Recientemente, la Controlaría General de la República (CGR) respondió un requerimiento sobre si se debe suspender el trámite de evaluación ambiental de una concesión de acuicultura debido a una solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la región de Los Ríos.

Al respecto, la CGR concluyó que la suspensión a que se refiere el articulo 10 de la Ley N°20.249 no se aplica al procedimiento de evaluación ambiental, por lo que la decisión de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Los Ríos, de continuar con la tramitación del mismo, se ajustó́ a derecho.

El dictamen precisa que “corresponde que la Subsecretaría de Pesca (y Acuicultura, Subpesca), como organismo encargado de recibir las solicitudes de ECMPO regulados por la señalada Ley N°20.249, efectúe las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que se suspenda el procedimiento de otorgamiento o modificación de una concesión acuícola en trámite, según la etapa de tramitación del procedimiento en que se encuentre”.

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Tras conocer el fallo, el presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur-Valdivia (Fipasur), Marco Ide Mayorga, comentó que “esta respuesta de la CGR nos da una certeza jurídica respecto a que, la evaluación ambiental de una solicitud de concesión de acuicultura que se someta a evaluación ambiental corre por un carril distinto al del trámite que realiza la Subpesca, aunque ambas al final se complementen”.

Sin embargo, dijo que es “importante señalar” que la aplicación de la suspensión de todas las tramitaciones que se producen por una solicitud ECMPO “afectan directamente a la pesca artesanal, y nos vemos afectados por la suspensión de todas las tramitaciones que se encuentren en el espacio geográfico que comprende la solicitud”.

El postulado del dirigente se basa en la segunda parte del dictamen que estipula que la Subpesca no puede realizar trámites administrativos hasta que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) dictamine si aprueba, modifica o rechaza el ECMPO, y hasta este punto podrían pasar años puesto que no se están cumpliendo los plazos establecidos en la Ley Lafkenche y, a su vez, tardaría mucho tiempo hasta que una solicitud ECMPO llegue a la CRUBC.

Dos casos

Ide Mayorga explicó que en la región de Los Lagos se presentan dos casos concretos que afectan a la pesca artesanal; el primero ocurre en el sector de Bonifacio en la comuna de Valdivia, en donde los pescadores del sindicato local tienen aprobado un proyecto para realizar un cultivo en áreas de manejo de choros y choritos y el sector apto para realizar este cultivo experimental está a 50 metros de la solicitud de una concesión de salmones cuya tramitación está suspendida, por lo cual la Subpesca no puede entregar el permiso de cultivo en áreas de manejo, ya que el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) indica que los centros con sistemas de producción extensivo (choros, choritos) ubicados en porciones de agua y fondo deberán mantener una distancia mínima de 400 metros respecto de centros con sistemas de producción intensivo (salmónidos). En este caso, resta esperar que la solicitud ECMPO ingrese a la CRUBC y sea este organismo el que determine el curso a seguir.

El segundo caso corresponde a la inversión pública del Ministerio de Obras Publicas (MOP) que tiene aprobada una inversión de $5.000 millones para concretar la segunda etapa de la Caleta Los Molinos en Valdivia, que permitiría a los pescadores artesanales y usuarios de la caleta contar con infraestructura para realizar sus faenas con mayor seguridad y además, en palabras de Ide Mayorga, creará un polo de desarrollo turístico que beneficiaría a los habitantes de Los Molinos y alrededores.

“En este caso la situación es más fácil de solucionar, ya que la comunidad solicitante del ECMPO solo debe desafectar el área a fin de que la Dirección de Obras Portuarias (DOP) pueda solicitar la destinación marítima, y así poder construir este anhelado proyecto para la pesca artesanal”, adujo el timonel de la Fipasur.

Sobre la desafectación que está solicitando el Sindicato de Pescadores de Los Molinos, su presidente, José Zúñiga, aseguró que se realizó el pedido pertinente en septiembre del año pasado y a la fecha no ha habido respuesta positiva de la comunidad Rayen Mawida.

“Nos sentimos desilusionados, ya que la inversión que beneficia a la caleta puede perderse si es que la comunidad que solicita no desafecta el sector”, lamentó José Zúñiga.