En el contexto de la aprobación del Área Marina Protegida de Múltiples Usos (AMP-MU) en La Higuera, región de Coquimbo, anunciada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, Osciel Velásquez, en su calidad de presidente de la Multigremial de Coquimbo, de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) escribió una declaración que a continuación reproducimos íntegramente:

“Como representantes del sector productivo de la región de Coquimbo nos oponemos a la decisión tomada por el Comité de Ministros, el pasado lunes 5 de marzo, de aprobar un Área Marina Protegida en el sector de La Higuera. Vemos una vez más cómo la autoridad cedió a presiones de algunos sectores y tomó esta determinación a espaldas de la ciudadanía, la cual amenaza el desarrollo de la economía y la proyección portuaria de la región.

La discusión del tema, llevada adelante por las autoridades regionales, ha sido apresurada, sin información científico-técnica acabada y con muy poca participación de las comunidades y actores locales, lo que ha generado dudas respecto a los alcances del proyecto. No ha existido un proceso ‘amplio y ciudadano’, como algunas autoridades insisten en señalar. No ha habido un proceso de información y diálogo y, por el contrario, los actores locales no hemos podido expresar nuestro parecer en las instancias formales.

De acuerdo con informaciones de prensa, falta por definir aún la extensión y los límites de esta Área Marina Protegida. Confiamos que esa decisión tome en cuenta que las actividades pesquera, portuaria y minera pueden coexistir en un ambiente de sustentabilidad y cuidado del medioambiente. Asimismo, esperamos que una posible declaratoria no afecte el desarrollo futuro de puertos en bahías como Cruz Grande, Barrancones y Totoralillo Norte.

Por lo mismo, seguimos sosteniendo que el detalle de esta declaratoria debiera postergarse y ser analizada en detalle por las autoridades del nuevo gobierno. Esto, con el fin de que haya más tiempo para evaluar, en conjunto con las comunidades locales, los impactos que tendría esta medida.

Nuestro objetivo es que las cosas se hagan bien; que se cumpla la legislación y la institucionalidad pesquera; que funcionen los comités de manejo, los comités científicos y, en este caso, los consejos zonales de pesca, además de que se realice un informe y que sea debidamente analizado por todas las partes. Lamentablemente, esa solicitud de respeto a la institucionalidad no está teniendo eco en la autoridad, tanto en esta declaratoria como en las recientes definiciones de parques marinos en Juan Fernández y en Cabo de Hornos”.

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