El gobierno decidió ingresar por el Senado cambios a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). La llamada “ley corta de pesca” modifica en sus bases la actual normativa que regula la actividad y, tras conocer sus alcances, la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) emitió un comunicado que a continuación reproducimos íntegramente:

“Valoramos el reconocimiento del gobierno de la actividad que por décadas hemos desarrollado, el esfuerzo por generar una normativa estable en el tiempo que permita la sustentabilidad de la actividad y el endurecimiento a las sanciones para combatir la pesca ilegal que tanto daño hace al sector. Sin embargo, estamos convencidos que afecta gravemente a la industria la propuesta que modifica el espíritu y el derecho adquirido de los actuales titulares de las licencias de pesca que perderían su condición de renovables de manera indefinida para ser subastadas cada 20 años.

De aprobarse esta modificación que pone fin a un derecho constituido, nos pone una fecha límite a nuestras actividades generando un alto componente de incertidumbre a las inversiones y como consecuencia a la posibilidad de seguir trabajando en iniciativas que fortalezcan la innovación, la inversión y el empleo. Entendemos que al igual que los derechos de agua, estas licencias son derechos adquiridos y valorables que permiten planificación de largo plazo, sostenibilidad e inversiones. Concordamos también que es un privilegio, pero un privilegio sustentado en el trabajo de generaciones de industriales pesqueros en la región y el país.

Particularmente en nuestra región de Coquimbo, la industria pesquera es parte de una cultura local que ha convivido de forma permanente con el sector artesanal. Es una industria mediana, certificada medioambientalmente, que trabaja con productos como el langostino amarillo, colorado y el camarón nailon que por sus especiales características queremos convertir en un producto con denominación de origen, fortaleciendo nuestra cultura gastronómica. De aprobarse la modificación cualquier empresa del mundo podrá acceder a nuestros recursos, afectando miles de empleos, la gastronomía y la inversión local.

Solo el sector crustacero da empleo directo a 3.000 personas; es un sector económico de mano de obra intensiva que se replica en las actividades de Orizon-San José, Cercopesca y decenas de plantas procesadoras que dan vida a un circuito industrial vital para nuestro territorio.

Son estas particulares características del sector pesquero de la región de Coquimbo las que nos hacen llamar al Gobierno Regional, encabezado por la intendenta Lucía Pinto, a establecer una mesa de trabajo en el más breve plazo, junto con legisladores de la región, que nos permita consensuar una propuesta que proteja la industria y la inversión regional tan golpeada en los últimos años y que por sus características económicas, biológicas y humanas presenta diferencias de fondo con otras regiones del país”.