PacificBlu SpA, que dentro de su proceso productivo contempla la captura, el proceso y la venta de jibia, y que en el último tiempo se ha posicionado como la principal empresa pesquera exportadora del recurso -es controlada por Blumar-, se sumó al categórico rechazo presentado por los industriales ante la decisión del gobierno de no objetar la nueva ley.

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A continuación reproducimos íntegramente la declaración firmada por el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne:

«1. Lamentamos profundamente la decisión tomada por el gobierno e informada este miércoles 23 de enero por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, en donde tras la reunión sostenida con representantes del sector artesanal y trabajadores de la industria anunció que el proyecto de ‘Ley de la Jibia’ será promulgado tal y como fue despachado por el Congreso.

2. Cabe destacar que desde que la nueva Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados decidió volver a tramitar este proyecto, el que había sido desechado por la Comisión anterior y declarado inadmisible, nunca hubo voluntad real por escuchar antecedentes técnicos por parte de la mayoría de los legisladores y, además, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) nunca se hizo parte de la discusión ni aportó la información científica y técnica disponible y necesaria para una buena discusión.

3. El gobierno finalmente optó por renunciar a todas sus atribuciones y potestades dejando que un proyecto que nunca tuvo ningún fundamento técnico desde su origen, se transforme en ley de la República. Esto lo consideramos de suma gravedad, teniendo en cuenta que el gobierno señaló públicamente que la iniciativa era inconstitucional y en caso de ser aprobada por el Congreso la impugnaría en el Tribunal Constitucional. Lo anterior fue señalado en reiteradas ocasiones de manera pública y privada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura (Eduardo Riquelme). En tanto, el ministro del Interior (Andrés Chadwick), en reunión con los trabajadores de la industria pesquera, se comprometió que el gobierno acudiría al Tribunal Constitucional, algo que finalmente nunca ocurrió.

4. Vemos con estupor cómo el gobierno no escuchó las innumerables voces de académicos y científicos que públicamente alzaron la voz, pero tampoco escuchó a los distintos estamentos técnicos y científicos con los que cuenta el Estado chileno quienes alertaron que el proyecto de la jibia no tenía ningún sustento, algo inédito en la historia de la regulación pesquera nacional.

5. Como empresa solo nos queda estudiar la mejor estrategia jurídica para acudir a la Justicia y hacer valer nuestros derechos, ya que esta ley es a todas luces inconstitucional y nos impide ejercer una actividad económica lícita sin ningún fundamento técnico.»