(La Prensa Austral) Con los ojos muy abiertos está el sector salmonicultor, luego que la Contraloría optara por respaldar lo consignado en el artículo 142 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), respecto de que todas aquellas concesiones que no inicien sus operaciones en el plazo de un año contado desde su autorización, deban ser caducadas.

Esto último es un factor que preocupa a la industria, toda vez que son cerca de 400 las concesiones que el sector no se encuentra operando a nivel nacional, situación que se explica por otra razón muy distinta y que el propio rubro defiende: el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), documento con el que se guían los salmonicultores en virtud de que establece planes especiales de manejo, esto para que exista un “descanso” en los centros autorizados, equivalente a dos años y sin que ello pueda significar justamente, que haya caducidad.

En entrevista con La Prensa Austral, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Óscar Garay, se refirió a este tema y refrendó apreciaciones que manifestó en entrevista con La Tercera.

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¿El sector ha conversado con algún ente a este respecto?, ¿qué les dicen?

Efectivamente nos contactamos con organismos técnicos como Sernapesca y Subpesca. Ellos entienden el problema y están muy conscientes que no es una muy buena interpretación la que hace el contralor, pero están atados de manos. Eso es porque tienen que regirse por los lineamientos que de ese organismo emanan, pero eso no quita que le hagan consultas para clarificar más la situación, o le expliquen la problemática que esto conlleva.

¿Cuántas son las concesiones que no se encuentran hoy en operaciones en Magallanes y qué podría pasar con ellas?

Actualmente hay más de 80 concesiones sin operación, pero no siempre son las mismas que no operan. El riesgo que se corre es que las que han estado mucho tiempo sin operar se puedan caducar, vale decir se extinga el derecho a utilizar esa concesión por parte de los titulares. Aquí en la región los tiempos son distintos, los períodos productivos son más extensos y por consiguiente una concesión puede estar sin operaciones también en un tiempo prolongado.

¿Por qué entonces el órgano revisor podría considerar el criterio de Ley de Pesca y no el reglamento RESA?

Lo que sucede es que la Ley de Pesca, como su nombre lo indica, es una ley, por lo que estaría en términos de importancia, por sobre un reglamento, aunque este sea igualmente muy importante porque es el que clarifica y aterriza la normativa.

¿Cómo los perjudica esta situación y qué costo representa para el rubro?

Hasta el minuto, estamos ante un problema que está recién apareciendo. La mayoría de las concesiones estaban sometidas a un plan de manejo, en donde cada productor dejaba voluntariamente sin utilizar algunas concesiones. Esto, para concentrarse una temporada en unas y posteriormente en la siguiente -que pueden ser 36 meses en Magallanes- o en la subsiguiente, enfocarse en las otras que quedaron descansando. Aquí el problema es mayor, porque los tiempos de cultivo son más extensos que en las otras regiones. Y desde el punto de vista económico el impacto es mayor debido a los mayores costos operacionales que podrían llegar a US$800.000 en algunas concesiones, el doble que en otras zonas del país.

¿Cuántas concesiones hay en la región y de esas, qué número está en operaciones constantes?

En total son entre 45 a 48 las que están actualmente operando, de 132 que están otorgadas en total. Este es un número bastante razonable, ya que las concesiones deben rotarse, en una especie de ‘manejo de praderas’. No se  ocupan todas al mismo tiempo, para que exista un adecuado descanso y rotación de las mismas. También es debido a un factor comercial, porque si no fuera así existirían años con mucho producción y otros sin nada.

¿De las concesiones que tienen entradas y salidas en el sistema, cuántas corren peligro y por qué?

Es difícil determinar un número exacto porque eso lo maneja cada empresa con la autoridad. Además, los períodos de manejo anteriores se supone que deberían respetarse, por lo que este es un tema que se hará más crítico a medida que vaya transcurriendo el tiempo.

Estimaciones preliminares indican que estamos hablando de un número de alrededor de 20 a 25 concesiones, lo que porcentualmente es una cifra considerablemente alta dada la poca cantidad de concesiones que existen en la región.

¿Qué percibe el sector, podría suceder en el mediano plazo?

Que se incremente de aquí a dos años el número de concesiones que puedan caer en esa causal de caducidad y por lo tanto las empresas se vean obligadas a operar todas sus concesiones, algunas con cargas mínimas para no perderlas. Pero eso significa un mayor número de concesiones activas, por lo tanto mayor riesgo sanitario y un mayor desgaste operativo e incluso de fiscalización, ya que por muy mínima que sea la producción de un centro de cultivo, este tiene que cumplir con todas las reglamentaciones y requisitos que exige la ley.

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