Contraloría emite dictamen por caso de concesiones salmonicultoras
El ente contralor subrayó que es posible concluir que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se ajustó a derecho al denegar la solicitud de ampliación de plazo de paralización de operaciones.
La empresa Exportadora Los Fiordos Ltda. -controlada por Agrosuper y que hoy opera bajo el grupo salmonicultor AquaChile- se dirigió a la Contraloría General de la República (CGR) reclamando en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA.) que denegó, a su juicio, erróneamente su solicitud de ampliación de paralización de operaciones de acuicultura del artículo 69 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), ya que estima que los descansos obligatorios y voluntarios serían útiles para tales efectos. Agrega que ello habría sido validado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), a través de su oficio N°43.100 de 2014.
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Requerido su informe, la SS.FF.AA. manifestó en síntesis que el concesionario solicitó una ampliación de plazo de paralización de operaciones, respecto de una concesión de acuicultura que tenía pendiente el plazo para iniciar actividades, y que no ha operado. Afirma que la denegación de aquel requerimiento mediante la resolución exenta N°8.467 de 2017 se encuentra debidamente fundada, pues como el centro no entró en operaciones, no es posible otorgar un plazo de paralización de actividades ni su ampliación.
Al respecto, el ente contralor adujo que se advierte que las concesiones de acuicultura que no han iniciado operaciones solo podrán dar cumplimiento a esa obligación con la operación efectiva de la concesión, «esto es, cuando el centro iguale o supere los niveles mínimos de actividad por especie y área respectivos -no a través de la ficción legal de operación-, lo que deberá verificarse dentro de un año contado desde la entrega material de la concesión para que no sea caducada, plazo que se suspenderá cuando al centro le afecte un descanso obligatorio dispuesto por la autoridad».
De ese modo, ahondó la Contraloría, el único efecto que tendrá el descanso obligatorio en las concesiones que no han iniciado operaciones, será el de suspender el cómputo del plazo legal de un año para dar inicio efectivo a las actividades, pero en ningún caso puede considerarse como una ficción legal de operación, toda vez que, como se indicó, la norma exige operación efectiva para no caer en la causal de caducidad.
Posteriormente, el ente contralor sostuvo que, a su turno, cabe mencionar que la paralización de dos años consecutivos autorizada por el anotado artículo 69 bis, es un derecho que opera respecto de las concesiones de acuicultura que ya han iniciado operaciones, y que dicho plazo podrá ampliarse por el doble del tiempo de operación efectiva que haya antecedido a la paralización, «período al que por ficción legal se podrá computar adicionalmente el plazo que transcurra entre una cosecha y la próxima siembra ya anotado, como también el plazo que corresponda a un período de descanso o paralización por resolución de autoridad».
Enseguida, el ente fiscalizador subrayó que tal como se concluyera en el oficio N°25.006 de 2018, de este origen, y como informó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la disposición en consulta se refiere únicamente al descanso obligatorio, a saber, aquel período de descanso coordinado por agrupación de concesiones («barrio») que el Sernapesca dispone mediante resolución en el ejercicio de sus atribuciones, que no es lo que sucede con los descansos acordados por los titulares de los centros de cultivo que pertenezcan a una agrupación de concesiones en un plan de manejo, los que de acuerdo con el artículo 2°, numeral 52), inciso séptimo, de la LGPA, consisten, por una parte, en acuerdos que podrán convenir los titulares de los centros integrantes de una agrupación de concesiones facultativa o voluntariamente y, por otra, en medidas adicionales a las que dicte el Sernapesca, de todo lo cual se desprende que no se trata de medidas ordenadas por la autoridad.
Finalmente, la Contraloría General expuso que es posible concluir que la SS.FF.AA. se ajustó a derecho al denegar la solicitud de ampliación de plazo de paralización de operaciones de la salmonicultora, a través de su resolución exenta N°8.467 de 2017, «toda vez que conforme a los antecedentes tenidos a la vista la concesión de acuicultura de que se trata no ha iniciado operaciones, y por ende, no le resulta aplicable la paralización de actividades por dos años consecutivos ni la ampliación de dicho plazo conforme al reseñado artículo 69 bis de la LGPA».
«Luego, respecto del oficio N°43.100 de 2014, del Sernapesca, al que alude el recurrente, corresponde indicar que, según lo informado por ese servicio, aquel contiene una interpretación sectorial de la época que escapa a sus atribuciones y que no es vinculante para la SS.FF.AA», cerró la CGR.
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