Tras varias sesiones de análisis (13 en total), la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado ha avanzado en escuchar a los principales actores involucrados y ordenó la forma de abordar las cuantiosas indicaciones recaídas en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletines números 11.704-2111.642-2110.190-21 y 7.926-03, refundido); sin embargo, ya han comenzado a salir a la luz las diferencias que existen, principalmente, entre los senadores y el Ejecutivo.

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Cesión de cuotas

Pese a que existe consenso en los 20 años no renovables y en evitar cualquier tipo de monopolio, el presidente de la instancia legislativa, Rabindranath Quinteros, en conjunto con las senadoras Adriana Muñoz y Carmen Gloria Aravena han manifestado sus reparos ante la negativa del Ejecutivo para no innovar en materias sobre cesión de cuotas que para la pesca artesanal es del 50%, con la excepciones de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que pueden hacerlo hasta en un 100%, cuestión que proponen modificar los legisladores, vía indicaciones.

“Todos estamos de acuerdo con que esto no sea un monopolio y haya competencia verdadera”, enfatizó el senador Quinteros, y agregó que en ese contexto que, “si se venden los papeles en una región, hay que pensar en lo que significa económicamente que no haya actividad y que las cuotas las tengan personas que no pescan. Esto le hace daño a sus propias regiones y por eso proponemos que todo el país quede con el 50% de cesión (…) y en cinco años más podríamos bajarla a cero”.

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En la misma línea, la senadora Carmen Gloria Aravena manifestó que, a su juicio, “estamos en deuda en torno a mejorar las competencias de este sector en el sur, por lo que es prudente buscar solución intermedia, que permita una autorización progresiva, hasta el 50% como tope, y normalizar para todo Chile”.

En tanto, la senadora Adriana Muñoz también respaldó la postura del presidente de la Comisión y añadió que “no solo tenemos detrimento de la pesca artesanal, sino que también detrimento a la sustentabilidad de los recursos, porque los industriales lo hacen vía arrastre”.

Sin embargo, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, presente en la sesión, transparentó que “no nos parece conveniente innovar en esta materia”, y para mayor abundamiento dejó constancia que “somos partidarios de que estas decisiones, de a poco, se vayan regionalizando”.

Gradualidad

En otro tema relacionado, desde el Ejecutivo se presentó una indicación que propone un calendario gradual para ejecutar futuras subastas de licencias transables, a lo que el ministro de Economía aclaró que no incide en la duración de la licencia, que en todos los casos es de 20 años, a partir del 2033; no obstante, la propuesta generó dudas entre algunos legisladores, por lo que también se dejó pendiente su sanción.

“La anticipación de la subasta es para permitir que el mercado absorba mejor el monto total”, precisó Fontaine. Acto seguido, el senador Quinteros preguntó cómo asegurar con esta propuesta, que los que tienen hoy las licencias, no tengan una situación de privilegio al postular. Por su parte, la senadora Muñoz, advirtió que la propuesta podría ser una posibilidad “para que los clase A se puedan coludir, porque tienen posición dominante”.

La instancia congresista ya ha abordado indicaciones sobre pueblos originarios, sobre sustentabilidad, seguridad alimentaria, registro pesquero artesanal; no obstante, varios de estos temas aún no han sido zanjados por completo, además de todo lo referido a subasta, para lo que se espera armonizar y alcanzar consensos.

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