La ley define el descarte como la acción de devolver al mar especies hidrobiológicas capturadas. De acuerdo con la última estimación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), la tasa ponderada de descartes en las pesquerías del mundo es de, al menos, un 10,8%. Esto indica que el promedio de descartes alcanzaría sobre 9 millones de toneladas al año para un total de 85 millones de toneladas capturadas anualmente.

En Chile, se pretende reducir esta pérdida de recursos mediante la Ley del Descarte, que se venía implementando desde el 2017, y entró en vigencia el 1 de enero de este año. En una primera etapa considera solo a los armadores industriales (sobre 18 metros de eslora). Después de dos años continuará con los armadores artesanales, en embarcaciones de 15 a 18 metros de eslora.

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La fiscalización del descarte se compone de tres etapas. La primera es el registro y almacenamiento de imágenes a bordo de las naves pesqueras, por medio de dispositivos que financia el propio armador. La segunda consiste en la recopilación de la información desde las naves pesqueras por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Y por último, la unidad de análisis del Servicio revisa la información registrada, utilizando otras herramientas de fiscalización como la bitácora electrónica de pesca, que cuenta con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), interesados en promover el control del descarte y sus beneficios en materia de sustentabilidad.

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A nivel nacional, ya se han certificado las cámaras instaladas en 94 de las 110 naves de la flota pesquera industrial, lo que constituye un 85 por ciento de avance. Las embarcaciones que no hayan implementado la norma o que alteren la información se exponen a una multa de 20 a 300 unidades tributarias mensuales, y la sanción para el capitán o patrón de nave va de 3 a 30 unidades tributarias mensuales.

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Centro de análisis de imágenes

Cada mes, o cuando se llene el 75% de capacidad de ocupación del disco duro extraíble del dispositivo de registro de imágenes, los armadores industriales deben informar al Sernapesca la necesidad de recambio del disco. El sistema de almacenamiento se envía al Centro de Control, Monitoreo y Análisis ubicado en la Dirección Nacional de Sernapesca. En ese lugar, un grupo de analistas revisa las grabaciones, cruzando la información con el posicionador satelital y las bitácoras electrónicas, donde se registran las capturas por lance que efectúan los pesqueros de alta mar.

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Estas tres herramientas de fiscalización permiten detectar concordancias o inconsistencias en los recursos pesqueros que se declaran. Si se encuentran irregularidades, se revisan a fondo las imágenes, para determinar si el descarte se ajusta a la normativa o vulnera la ley.

En Biobío comenzó recambio de discos

En diciembre pasado toda la flota industrial de Biobío cumplió con la certificación de cámaras a bordo.

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Javier Droguett, inspector de Sernapesca Biobío a cargo del proceso, explicó que establecieron un mecanismo de trabajo conjunto con los armadores, patrones de pesca y tripulantes. Además, realizaron charlas para conocer el funcionamiento, características de los equipos y cómo se deben entregar las imágenes registradas, que no pueden ser manipuladas bajo ninguna circunstancia.

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De acuerdo con el reglamento, en la flota pelágica, que en Biobío alcanza los 37 pesqueros de alta mar (PAM), se instalaron sistemas autónomos e inviolables que consideran al menos tres cámaras para registrar la maniobra de pesca, captura, bodegas y actividades en cubierta.

En la región ya se ha realizado una decena de cambios de discos de la flota que operó en enero, principalmente en los recursos jurel y merluza común, además de otros cuatro PAM correspondientes a la flota crustacera de la región de Coquimbo, que han estado desembarcando en Talcahuano.

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