Un fuerte emplazamiento a las autoridades del sector pesca para que reaccionen a infracciones  flagrantes a la normativa pesquera, como el descarte de una especie objetivo que ocurre en Lebu (región del Biobío), donde pescadores artesanales estarían desechando jibia al mar, formularon dirigentes de pescadores industriales.

Desde Talcahuano, Juan Carlos González y Oscar Alvear, presidente y secretario del Sindicato Interempresas de Oficiales y Capitanes de Pesca, informaron que ante la gran oferta de jibia y poco poder comprador, hay lanchas que han debido botar captura. Temen que la situación se repita en otros puertos, como San Vicente, porque al obligarse a que solo se extraiga jibia con el método artesanal, los siete  barcos industriales de la flota jibiera debieron paralizar operaciones y las líneas de proceso de este recurso fueron cerradas en las empresas.

Los dirigentes resaltaron que los congresistas que aprobaron la Ley Pesca argumentan que uno de los elementos más importantes de la Ley Jibia era la sustentabilidad de los recursos y “hoy los propios pescadores artesanales están desechando capturas, generando un descarte brutal, sin ningún tipo de control. Los testimonios están en medios de prensa y redes sociales”, expresaron los dirigentes.

De acuerdo con Oscar Alvear, “la situación se repetirá en otras caletas y puertos. La Ley Jibia es un error de principio a fin, tal como lo dijeron los pescadores y trabajadores pesqueros industriales y los pescadores artesanales de cerco”.

Por su parte, Juan Carlos González, recalcó que este tema se le advirtió a los parlamentarios, “especialmente a algunos, como Rabrindanath Quinteros, y a diputados del Frente Amplio, pertenecientes a la Comisión Pesca. Se les dijo que esto y otras nefastas consecuencias ocurrirían, pero no quisieron entender”.

Alvear y González agregaron que “los colegas pescadores artesanales se dispararon en los pies. Los que realmente pescan se dejaron llevar por las malas decisiones de los dirigentes a los que se les dijo que era un error, pero no quisieron escuchar, ni informarse, ni leer”.

Añadieron que los parlamentarios “tienen que asumir el tremendo daño de esta ley que inutilizó fuentes productivas y dejó en el agua 150 millones de dólares y rebajará notablemente la estadística/país para cuando la Organización Regional de Pesca fije las cuotas. Hay que considerar que a diciembre del año pasado, primer año que rigió la Ley Jibia, las capturas descendieron más de 60% respecto de 2018 y que prácticamente todo el porcentaje artesanal correspondió a lanchas que ahora tampoco pueden operar”.

Alvear reclamó también los vacíos existentes en términos de fiscalización, “porque las autoridades hacen vista gorda al descarte de especies objetivo mientras a los pescadores industriales se les está aplicando la Ley de Descarte sobre fauna acompañante y pesca incidental”.

Destrucción de una actividad económica

Ambos capitanes insistieron en que “congresistas y autoridades de Gobierno deben reaccionar ante un problema que les dijimos reiteradamente que iba a ocurrir. Nadie puede invertir ni mantener una línea de proceso abierta para trabajar seis días en el mes. La industria, con su 20% de la cuota de jibia, y comprando a los artesanales, era capaz de mantener la actividad 10 meses. Pero ningún contrato de venta de producto final resiste ante incertezas de suministro, porque las embarcaciones artesanales no pueden salir más que unos pocos días al mes gran parte del año; no pueden ir más allá de las 20 millas, además de otros problemas que se presentan”.

En lo inmediato, dijo Juan Carlos González, “le pedimos al subsecretario de Pesca que diga cómo va a solucionar el descarte de un recurso objetivo como es la jibia, que se está descartando sin control”.