Por unanimidad, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados aprobó la moción (boletín 12598) del diputado Sebastián Álvarez (Evópoli), cuyo principal objetivo es perseguir a los pescadores furtivos que, valiéndose de medios ilegales, depredan sin conservar las especies hidrobiológicas ni protegen su ecosistema, destruyendo de esta forma las actividades económicas y turísticas asociadas a la pesca recreativa.

En los antecedentes se informa que la norma actualmente vigente se diseñó en un ambiente distinto al actual, por lo que hoy se hace imperativo poder modificarla, debido al incremento de la pesca furtiva producto de la mayor presencia de la variedad chinook, pez de gran tamaño de la familia de los Salmonidae, que vive en el mar, pero migra remontando los ríos para reproducirse.

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El presidente de la Comisión, Luis Rocafull (PS), destacó el carácter unánime del acuerdo alcanzado en la jornada, en la que también participó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

“Disfrazan cierto tipo de pesca ilegal a través de la pesca recreativa. Se han hecho indicaciones importantes sustitutivas, ha habido un acuerdo. Son indicaciones que han sido suscritas por todos los diputados de la Comisión y, cosa rara, el proyecto se ha aprobado unánimemente respecto a esta indicación sustitutiva“, valoró.

El diputado Rocafull añadió que espera que la pesca recreativa “vuelva a ser lo que era antes”, tras la aprobación del aumento en las multas y una mayor fiscalización.

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El proyecto surge de una visita en terreno del diputado Álvarez, quien denunció la pesca furtiva del salmón chinook en la cuenca del río Toltén (provincia de Cautín, región de La Araucanía), donde -según dijo- “numerosos emprendedores que cuidan el recurso y cumplen con todas las disposiciones legales, ven cómo desaparecen los peces y son comercializados por pescadores furtivos, sin mayores controles de parte de las autoridades respectivas”.

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La moción que será puesta en tabla en la Sala de la Cámara, próximamente, contempla multas que oscilan entre diez y 110 unidades tributarias mensuales (UTM). En caso de reincidencia, se arriesga recibir la pena de presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días), entre otras sanciones.

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