El Tribunal Constitucional (TC) aceptó, como antecedentes a considerar, el requerimiento elevado por sindicatos de personal embarcado de la pesca industrial. Esto, en el marco del trámite de la gestión que se está desarrollando luego que la empresa pesquera Landes recurrió ante el TC con el objeto de lograr la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Ley de la Jibia.

El documento de los sindicatos con base en Talcahuano, región del Biobío, fue presentado el jueves (9 de julio) antes de que se realizara la vista de la causa y alegatos en la misma. Ahora se está a la espera de la sentencia.

El requerimiento acompaña antecedentes como el informe que analiza las condiciones laborales en el sector pesquero, presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2004.

“El contexto es que los trabajadores embarcados del rubro pesquero industrial, a través de las directivas de cuatro sindicatos con base en Talcahuano, presentaron un requerimiento ante el TC para que sea admitida la inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por Landes a la norma que impone la potera como forma de captura de la jibia, dejando fuera de actividad a las naves industriales que usaban arrastre de media agua”, puntualizó la entidad denominada Embarcados de Chile.

La vista y alegatos del requerimiento de Landes se realizaron este viernes (1o) en el TC y fuentes del sector legal estiman que podría haber sentencia en un plazo de 60 días, aproximadamente. La presentación de los trabajadores y los informes allegados será uno de los documentos que el Tribunal estudiará, pues está incorporado, afirmó Embarcados de Chile, precisando que los recurrentes ante el TC son el Sindicato Interempresas de Trabajadores Oficiales de Naves Especiales y Regionales MMN; Sindicato Interempresas Tripulantes de Arrastre, Descargadores, Rederos y Cuidadores de Naves Especiales de la Provincia de Concepción; Sindicato Interempresas de Trabajadores Tripulantes de Naves Sardineras de la Provincia de Concepción, y el Sindicato Interempresas de Trabajadores Oficiales de Máquina de la Marina Mercante Nacional y de Naves de Pesca.

Requerimiento

Landes presentó el requerimiento por inconstitucionalidad respecto del artículo 5 inciso tercero del decreto supremo 430 del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Pesca y Acuicultura en un proceso sobre recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que tiene relación con el fondo de la inaplicabilidad de la prohibición de capturar jibia con cualquier aparejo que no sea línea de mano o potera.

El abogado que presentó el aviso de los trabajadores, Claudio Sánchez Pino, adujo que ellos ejercieron un derecho establecido en la Constitución con la finalidad de colaborar a la función encomendada al TC. Acompañó una presentación y un informe de condiciones de trabajo en el sector (la mencionada Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, de 2004).

En el escrito también se abordan tópicos como el impacto en la salud y seguridad de los trabajadores por los cambios en los aparejos de pesca; la calificación de trabajo pesado de su labor; el incumplimiento del Convenio 188 OIT; la salud y seguridad en el trabajo y la protección del empleo formal del Convenio OIT 122.

También se abordaron los efectos sobre los trabajadores y su grupo familiar. En esta línea, Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Capitanes, argumentó que desde que comenzó a aplicarse la nueva regulación de la jibia cambiando el arrastre de media agua por línea de mano o potera ha habido pérdida de empleos y de estabilidad para ellos y sus familias.

“Muchos trabajadores embarcados, personal de las plantas e indirectos, fueron desvinculados y los embarcados que quedaron a bordo vieron disminuidos sus salarios y muchos han entrado en la informalidad laboral. Hoy existe una gran desilusión considerando que la norma monopolizó el acceso a la jibia a unos pocos y ni siquiera para ellos ha sido favorable”, aseguró González.

A su vez, aseveró que los sucesivos cambios a la normativa pesquera que el país ha incorporado desde hace 20 años, “ha reducido dramáticamente las fuentes de empleo formales, contradiciendo acuerdos y convenios internacionales como el Convenio 122 de la OIT aprobado y ratificado por Chile”.

Claudio Sánchez, por su parte, dijo que el escrito de los trabajadores “tiene mucha relación con lo constitucional porque lo que se alega es un derecho de propiedad que estaría afectado y una de las formas de materializarlo es el derecho al trabajo, o una extensión del derecho al trabajo es el de propiedad”.

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