Un llamado a la responsabilidad de las y los consumidores y respetar la veda de la merluza, realizó este lunes 31 de agosto la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda Godoy, al iniciarse este martes 1 de septiembre una nueva veda de la popular “pescada”. La medida se extiende por 30 días y busca resguardar el proceso de reproducción de esta relevante especie pesquera y patrimonio gastronómico nacional.

Esta prohibición extractiva de la merluza común (Merluccius gayi gayi) decretada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos impide la captura de este recurso, por lo que cualquier pescado fresco de esta especie que esté a la venta en estos días contraviene la medida de protección y es abiertamente pesca ilegal.

La presidenta de la Asipes reafirmó el compromiso del sector industrial por respetar esta medida y llamó a todos los actores del país pesquero a apoyar acciones a favor de la sustentabilidad de los recursos. “La merluza común está bajo una grave amenaza y presión debido a la pesca ilegal, lo que debe motivar a todos los actores a ser muy estrictos para cuidar las épocas de reproducción y desove”, explicó.

Diversos informes de universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen que grupos artesanales, entre las regiones del Maule y Valparaíso, extraen más de cinco veces la cuota legal autorizada de este recurso, por lo que la Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para perseguir penalmente a las bandas organizadas que se dedican a este ilícito. “Nosotros valoramos esta pesquisa judicial porque se hace cargo de la desesperación de muchos pescadores artesanales ante el robo de sus recursos pesqueros y la destrucción de los precios de sus capturas producto de este mercado negro”, aseguró la representante gremial.

Sin embargo, dijo Macarena Cepeda, la verdadera solución a este grave problema la tienen los propios consumidores y no es otra cosa que conocer cómo se ha pescado lo que se come. En Chile, quienes venden pescado legal y capturado de manera sostenible pueden exhibir el “Sello Azul” del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por lo que cualquier otro pescado o marisco ilegal no podrá exhibir esta acreditación de origen. “Es una obligación de todos, como consumidores, preguntar y exigir que los productos del mar sean extraídos legalmente, pues solo así se cuidan los recursos pesqueros y no se es parte de un delito”, sentenció.

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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza el manejo sostenible de los recursos marinos, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y el sustento de los pescadores y sus comunidades en países en desarrollo. Esta práctica representa aproximadamente el 20% de los peces que se capturan anualmente y causa pérdidas hasta de 23.000 millones de dólares al año en el mundo”.

La pesca ilegal, no declarada, certificada o fiscalizada es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que actúan legalmente pescando solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras. Este tipo de pesca es obtenida fuera de las cuotas de extracción científicamente otorgadas por la autoridad, que tiene destino desconocido, que no paga impuestos, no tiene controles sanitarios y no se rige por ningún criterio de conservación que haga sostenible su recuperación y mantención del recurso.

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*Foto destacada: gentileza PacificBlu.