Con un fuerte llamado a mantener y extender la preocupación por el delicado estado de la merluza de manera permanente, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) realizó un balance de la veda biológica establecida por la autoridad que rige durante los 30 días de septiembre.

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En ese contexto, Monserrat Jamett Leiva, quien es jefa de sostenibilidad del principal gremio pesquero de la zona centro-sur, argumentó que “la atención que debemos dedicar a la merluza debe ser todo el año, porque su estado de sobreexplotación es gravísimo producto de la enorme presión que ejerce sobre ella la pesca ilegal artesanal a la que está sometida”.

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La pesca ilegal es aquel tipo de captura que se hace no respetando las normas o las cuotas fijadas por las autoridades. También conocida como “Pesca Negra”, agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la competencia, perjudica injustamente a las y los pescadores legales y fragiliza a las comunidades costeras, especialmente en los países en desarrollo como el nuestro. Es más, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) subraya que “afecta a todos los aspectos y etapas de la captura y utilización del pescado y, en ocasiones, puede estar asociada con la delincuencia organizada”.

Monserrat Jamett también aseveró que grupos artesanales entre las regiones del Maule y Valparaíso extraen más de cinco veces la cuota legal autorizada del recurso, al punto que la Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para perseguir penalmente a las bandas organizadas que se dedican a ese ilícito. “Esta pesquisa judicial atiende a la desesperación de muchos pescadores artesanales ante el robo de sus recursos pesqueros y la destrucción de los precios de sus capturas producto de este mercado negro”, explicó la ejecutiva.

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Sin embargo, a juicio de la representante gremial, la mejor solución para terminar con este flagelo que está vaciando los mares está en manos de los propios consumidores y no es otra cosa que conocer cómo se ha pescado lo que se come. “En Chile, quienes venden pescado legal y capturado de manera sostenible pueden exhibir el ‘Sello Azul’ de Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). Por esta razón, las personas deben exigir saber cómo fueron capturados los pescados o mariscos que compran y no colaborar con la pesca ilegal, un delito que está arrasando con la merluza y otros recursos del mar”, enfatizó.

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Desde el punto de vista ambiental, la jefa de sostenibilidad explicó que en pesquerías sobreexplotadas o agotadas -como es este caso- deben aplicarse programas de recuperación que apunten a obtener un equilibrio entre el esfuerzo de pesca y la biomasa desovante, aplicando medidas de conservación, manejo y fiscalización apropiadas.

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“Esto es muy relevante de considerar, pues en Chile se discute eliminar al arte de arrastre como una medida para proteger a la merluza, sin embargo, es una medida equivocada. Ello porque en Chile la extinción de la merluza común será una lamentable realidad sino se regula y combate eficazmente la pesca ilegal y la sobredimensión de la flota artesanal que opera sobre ese recurso pesquero”, apuntó Monserrat Jamett (en la foto de la derecha).

Según su argumento, la pesca de arrastre genera la mitad de las capturas totales de pesca a nivel mundial, siendo el 80% destinadas exclusivamente a consumo humano. De los 35 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluido Chile y la Unión Europea (UE), 26 tienen industria pesquera y en todos se realiza pesca extractiva con arrastre.

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Actualmente existen en el mundo 218 pesquerías certificadas en estándar sostenible del Marine Stewardship Council (MSC), de las cuales 111 corresponden a pesquerías de arrastre y en su mayoría de fondo, con alrededor de 19 tipos de especies certificadas y en proceso de certificación. “En Chile ha sido imposible obtener esta certificación internacional de sostenibilidad para la merluza común, exclusivamente por la existencia de pesca ilegal”, ahondó la gremialista.

De acuerdo con la FAO, “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza el manejo sostenible de los recursos marinos, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y el sustento de los pescadores y sus comunidades en países en desarrollo. Esta práctica representa aproximadamente el 20% de los peces que se capturan anualmente y causa pérdidas de alrededor de 23.000 millones de dólares al año en el mundo”, subraya el organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU).

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