Chile posee un vasto y largo territorio con diversidad de paisajes y ecosistemas, que le permiten albergar una rica biodiversidad terrestre y marina. Para conservar las riquezas continentales, existe el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe), el cual posee un total de 105 áreas bajo protección oficial, abordando una superficie de 18,6 millones de hectáreas, que corresponden al 21,3% del territorio continental del país. Para el caso de la protección de los ecosistemas marinos, el país cuenta con varias categorías de conservación, dependientes de distintos ministerios y las cuales se agrupan en la figura de Áreas Marinas Protegidas (AMP), que abordan un 42,3% (146.942.281,8 hectáreas) de las 200 millas marinas que comprenden la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de costa nacional.

Sin embargo, a pesar de contar con una gran extensión del territorio terrestre y marino protegido, nuestro país fue identificado como uno de los top ten que invierten menos en conservación a nivel global en 2019, situación que queda claramente reflejada en el presupuesto estatal otorgado para las tareas de conservación terrestre y marina en los últimos años y, especialmente, en el que se destinará para 2021.

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Según datos publicados recientemente por Fundación Terram, para el año entrante la propuesta de aporte fiscal para el Snaspe tiene una disminución de casi $550 millones, 9,5% menos que el de 2020. Además, se debe considerar que este presupuesto está conformado por aporte fiscal e ingresos de operación, estos últimos son producto de la recaudación por pago de entradas a las áreas protegidas.

A su vez, los datos demuestran que el aporte fiscal ha ido disminuyendo cada año desde 2017, y la baja es aún más reveladora si se compara con el aporte que se realizaba hace una década: “En 2010, el Estado invirtió $372 por hectárea (há). Si el cálculo se realiza con el aporte fiscal presupuestado para el 2021, con una superficie actual de 18.616.767 há, el Estado pretende invertir $279; es decir $93 por hectárea menos que en 2010”, detalla esta minuta de la organización.

La problemática relacionada con el financiamiento público para la administración y gestión de áreas protegidas terrestres y marinas, está lejos de tener una solución. Para las áreas protegidas terrestres el aporte fiscal ni siquiera garantiza un piso mínimo como sería cubrir los sueldos de las y los trabajadores del Snaspe, y esto considerando que dependen de los ingresos de operación, es decir, de las visitas que podrían recibir las áreas protegidas.

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“Si uno considera el contexto de la pandemia que podría extenderse para 2021, es evidente que existe la posibilidad que la recaudación no ocurra como está presupuestado. Allí recae la necesidad de aumentar el aporte fiscal, además de todas las necesidades propias que requiere la mantención y gestión de estas áreas”, aclara la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona.

La realidad de las AMP

El panorama de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) no es muy distinto, a pesar que en 2018 Chile se convirtió en uno de los países con más superficie marina protegida. Sin embargo, el financiamiento sigue siendo sumamente deficiente.

Una parte del problema es que, actualmente, no existe un órgano centralizado que se encargue de la gestión de este tipo de áreas de conservación. El presupuesto fiscal considera aportes al Ministerio de Medio Ambiente (MMA), al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) a través del Instituto Antártico Chileno (INACh), al Servicio Nacional de Pesca y  Acuicultura (Sernapesca), y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de los gobiernos regionales.

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“La brecha financiera operacional para implementar, gestionar y administrar efectivamente las AMP existentes es de tal magnitud, que invita a reflexionar si, en estricto rigor, las actuales AMP constituyen áreas de protección. Se requiere con urgencia aumentar los niveles de conocimiento e información sobre AMP y desarrollar una planificación financiera que permita cumplir con los acuerdos internacionales y las políticas públicas y normativas vigentes en Chile sobre la materia”, sostiene Fundación Terram en esta minuta sobre el tema.

Según los datos que se pudieron reconocer por la ONG ambiental, el presupuesto total destinado por parte del Estado para 2021 al MMA es de $0,9 por hectárea y presenta una disminución de 31,7% respecto a 2020. “Según un estudio realizado en 2018, el financiamiento solo cubre un 1,7% del monto estimado como necesario para un funcionamiento apropiado de las áreas existentes”, precisa la organización en su documento.

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Similar es la situación de los aportes estatales destinados para las AMP en el Minrel, institución en que el presupuesto para 2021 disminuyó en 29,4% ($61.620.000) respecto del 2020 (cuyo presupuesto aprobado fue de $209.455.000).

Analizando los datos sobre el aporte fiscal tanto a las áreas de conservación marina como terrestre, resulta evidente que es urgente un aumento sustantivo del aporte fiscal de las áreas protegidas en general. “El compromiso del Gobierno con la conservación tiene que ver con la declaración de zonas protegidas, pero esto debe ir acompañado de los recursos públicos que permitan garantizar acciones de conservación efectiva. En la actualidad, observamos que tal compromiso no existe, lo cual obviamente deja en una situación de vulnerabilidad a valiosos ecosistemas ante actividades extractivas como la minería, la extracción de turba, la salmonicultura o la pesca ilegal como recientemente se ha denunciado en el país. Es necesario que el Estado de Chile, tome un rol más activo en la protección y conservación de la naturaleza”, concluye Flavia Liberona.

*La foto destacada es de contexto y corresponde al valle Ventisquero, en la comuna de Cochamó, región de Los Lagos (créditos: @martin_ventisquero | Instagram).