En el marco del debate en general de los proyectos refundidos que modifican la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura (LGPA), para prohibir la pesca de arrastre de la merluza común (boletines 13019 y 12937), la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados escuchó a representantes de trabajadores de la industria pesquera y de la ONG Oceana.

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En primer término, el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera, Plantas de Consumo Humano (Festrach), región del Biobío, Alfonso Arévalo, rechazó la propuesta de limitar la pesca de arrastre.

Argumentó que su entidad representa a cerca de 6 mil 500 trabajadores, en un 80% mujeres, que laboran en plantas de proceso en Talcahuano y Coronel, y pidió considerar qué es lo que pasará si se limita esta actividad.

Junto con recalcar que este arte de pesca no es la responsable de la sobreexplotación de la merluza, aseguró que su limitación podría causar que la industria deje de operar y que se pierdan dichos empleos, con la afectación de otros apoyos y sectores externos, y que esto sería un duro golpe para las comunas de Talcahuano, Hualpén, Lota y Coronel.

Afirmó que como organización, más que defender un arte de pesca lo que buscan es defender el empleo. Ante esto, planteó como propuesta que se desarrollen estudios científicos sobre los distintos artes de pesca industrial y artesanal y evaluar los impactos; fortalecer la investigación científica sobre la merluza común y controlar a la pesca ilegal (que en captura es cuatro veces más que la permitida a las y los pescadores autorizados).

A su vez, Antonio Da Venezia, dirigente de la Agrupación de Pequeños Armadores del Puerto de San Antonio (región de Valparaíso) e integrante del Comité de Manejo de Merluza Común de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), dijo que pese a la buena intención, “el proyecto demuestra desconocimiento del sector”.

Aseveró que su experiencia como pescador artesanal por más de 30 años, con red de fondo y arrastre, le muestra lo contrario al proyecto. Que entienden que se busque proteger los recursos marítimos, pero que “si hablamos quién depreda más o menos, todos lo hacemos”.

Luego, aseguró que un actuar responsable es cómo mejorar el arte para cooperar en la protección, y que su organización se ha preocupado de ello con el apoyo de expertos de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, que les ha permitido realizar varios proyectos para mejorar el arte de captura.

En ese sentido, explicó las diferencias en el uso de red que han ido cambiando para llegar a un tamaño que permite que los “juveniles de menor talla pueden escapar”, entre otros mejoramientos.

Oceana

La instancia también escuchó a Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva y especialista en recursos pesqueros de la ONG Oceana, quien se refirió a los impactos negativos que tiene la pesca de arrastre de fondo, donde múltiples estudios internacionales demuestran que esta modifica las propiedades físicas del fondo marino.

“El sedimento no es fango o lodo, hay biodiversidad, poliquetos o moluscos que son alimentos de los peces objetivo de las pesquerías (…) y son importantes para los procesos de asentamiento y ofrecen refugios para las especies”, enfatizó.

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Agregó que todas las merluzas están sobreexplotadas en el país desde hace más de 20 años, y que lo que se busca no es terminar con el proceso de pesca sino con el arte con que se realiza.

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Debate congresista

En la discusión y consultas de las y los integrantes de la comisión quedó de manifiesto que las exposiciones que se han ido recibiendo respecto de este proyecto de ley son contradictorias sobre el impacto de la pesca de arrastre.

Ante ello, el diputado Jaime Tohá (PS) sostuvo que deben tomar una decisión con la mayor certeza científica y empírica posible, dadas las consecuencias que esta decisión implicará en un sentido u otro. Al respecto, la comisión acordó solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe pormenorizado sobre legislación comparada de otros países en esta materia, así como una presentación comparativa de los diferentes datos expuestos ante la instancia.

Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, reiteró que, a su juicio, se debería discutir sobre la pesca de arrastre en general y no en particular caso a caso. Afirmó que “el Gobierno está dispuesto a conversar todo, se vean sus alternativas pero ojalá no en cada caso por separado, ya que en esto se mezclan los intereses de ciertos sectores más que ir al fondo del tema”.

A su turno, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) subrayó que pese a las versiones científicas o técnicas hay una convicción de sentido común que es que la pesca de arrastre causa un daño importante, como muchas otras industrias.

“Y, ante ello, como sociedad se debe evaluar el tema del trabajo y resolver la contradicción que va a existir, necesariamente, con avanzar en normas restrictivas que apunten a dar sustentabilidad del recurso marino y ver qué estamos dispuesto como sociedad a hacer”, manifestó.

La comisión, en tanto, acordó destinar una última sesión a las exposiciones solicitadas y proceder a la votación en general del texto.

Finalmente, en la misma sesión se procedió a elegir al diputado Alexis Sepúlveda (PR) como nuevo presidente de la instancia, en reemplazo del diputado Luis Rocafull (PS).

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*La foto destacada es de contexto y corresponde a archivo de Oceana Chile.