En 1971, la Corporación de Reforma Agraria (CORA) expropió el terreno de la Hacienda Topocalma, ubicada en la zona costera de Litueche, perteneciente a la entonces Caja de Compensación y Estímulo de la Caja Nacional de Ahorro (actual Caja de Empleados de BancoEstado), para entregársela a los inquilinos y sus familias, en ese tiempo repartidos en 55 casas.

Antiguos habitantes del lugar, donde se ubican pescadoras y pescadores artesanales, mariscadores de orilla y campesinos de Topocalma, concurrieron al remate de la propiedad y alcanzaron a pagar las primeras cuotas del precio que el Estado, a través de la CORA, fijó por la Hacienda.

Sin embargo, tras el Golpe Cívico-Militar el remate se dejó sin efecto y las tierras se transfirieron a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dirigida por Julio Ponce Lerou, quien ordenó los primeros desalojos. Posteriormente, pasó a manos de la Compañía General de Electricidad, que en 2007 la vendió a la Sociedad Agrícola Topocalma Ltda., su actual propietaria, generándose a partir de esa fecha una serie de desencuentros con las comunidades de pescadoras y pescadores, que incluyen el cierre de caminos coloniales y de accesos a las playas y medidas judiciales de precario destinadas a lograr el total desalojo del lugar.

Las y los ocupantes tradicionales del sector son las familias que viven y trabajan en la ribera de la playa de Punta Topocalma, sector que no forma parte de la Hacienda, según consta en un informe de la CORA, de mayo de 1971, y que corresponden a un área de entre 25 hectáreas (o 35 según rectificaciones posteriores) que no fue expropiada.

Esta zona es la que ha sido ocupada en forma permanente e ininterrumpida, desde 1971, por integrantes de la comunidad de pescadoras y pescadores artesanales, mariscadores y recolectores de orilla, con el reconocimiento expreso tanto de los propietarios anteriores de la hacienda, como del Estado de Chile, al aprobar y financiar planes de vivienda, actividades de pesca y turismo, que ya por tres generaciones han desarrollado en el lugar.

Proyecto de resolución

En noviembre del año pasado, y por 61 votos a favor, nueve en contra y 31 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicitaba al jefe de Estado incorporar al patrimonio estatal los terrenos no expropiados de la Hacienda Topocalma.

En ese marco, ante las comisiones de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, y la de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, expuso el ministro de Bienes Nacionales (BB.NN.), Julio Isamit, quien después de contextualizar la situación de Topocalma, precisó que, a juicio del Gobierno, no existen en el lugar terrenos fiscales y, por tanto, el conflicto al ser entre privados, debe ser resuelto por los tribunales de justicia.

El funcionario gubernamental afirmó que resta dilucidar si las 25 o 35 hectáreas son bienes de uso público, para poder ejercer las competencias legales de regularización de ocupaciones irregulares o aplicar la denominada Ley de Caletas II, que permite al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) destinar caletas o espacios costeros como polos de desarrollo productivo.

Por último, informó que han oficiado sobre la situación a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de BB.NN. y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de O’Higgins para fiscalizar en terreno, así como al conservador de Bienes Raíces, en relación con el respectivo estudio de títulos.

Fundación Rompientes

A nombre de la Fundación Rompientes intervinieron su director, Juan Esteban Buttazzoni, y el abogado José Manuel Astorga. El organismo promueve crear el Santuario de la Naturaleza Piedra del Viento y Topocalma, en conjunto con la Federación de Pescadores Artesanales de O’Higgins, los sindicatos de pescadores artesanales de Topocalma y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).

Por su parte, Gerardo Guerrero, representante de las y los pescadores y algueros de Topocalma, recordó que más del 60% de ellas y ellos son de la tercera edad e incluso superan los 85 años. El dirigente enfatizó que no existe respeto a sus derechos constitucionales de ejercer su actividad económica.

Finalmente, las comisiones unidas acordaron pedir los estudios de títulos que definan la propiedad y dominio del lugar y solicitar la paralización de eventuales desalojos.