Desde hace una más de una década, y producto de la crisis del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISAv), la salmonicultura fue regulada estableciéndose en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) normas sobre transparencia en el uso de antibióticos y otros químicos, y se establecieron sanciones por los escapes de salmónidos.

“Sin embargo, a pesar de la existencia de estas regulaciones, el cambio por parte de las salmonicultoras no se produjo”.

Así lo asegura Javiera Calisto y César Astete, directora de la Campaña Contaminación Marina y director de la Campaña Pesquerías de Oceana Chile, respectivamente, quienes subrayan que desde el año 2014 en adelante, “gran parte de la industria se opuso a las sucesivas solicitudes por parte de Oceana y otras organizaciones de entregar información sobre el uso de antibióticos y otras sustancias dañinas para la salud de las personas y el medioambiente”.

Sobre los escapes de salmones y truchas, ambos representantes de la filial chilena de la ONG ambiental afirman que el escenario es similar. “Se calcula que en la última década más de 5 millones de ejemplares se han escapado, sin que a la fecha existan suficientes estudios que determinen el real impacto que esta espacie invasora es capaz de producir en los mares de la Patagonia. Así como tampoco existe un sistema sancionatorio que inhiba la ocurrencia de estos eventos y ponga el foco en la prevención”, enfatizan Calisto y Astete.

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Ante este escenario, destacan que actualmente el Congreso se encuentra buscando soluciones a esos problemas. En particular, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado votará este miércoles 13 de enero el proyecto de ley que busca hacerse cargo de esos dos temas clave. Primero, obliga a la Administración a publicar la información sobre antibióticos y antiparasitarios, sin que medie la voluntad de las empresas. Segundo, modifica el sistema de responsabilidad por escapes, “permitiendo de forma rápida y robusta el establecimiento de una sanción, la que es determinada por el número de salmones escapados, y que se otorga por la sola infracción de la norma. Esto último, si bien ha hecho que la industria se oponga, creemos indispensable que los legisladores sigan poniendo el foco en el daño y en el avance de tener un instrumento sancionatorio que prevenga y logre generar la internalización de los productores de salmones de las externalidades que generan”, sostienen los profesionales de Oceana.

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“No obstante -ahondan-, esta nueva legislación correrá igual suerte que sus antecesoras si no es la propia industria la que se adapte a los requerimientos de una sociedad que exige que la actividad salmonicultora se desarrolle de forma moderna, compatible con los fines ambientales y sociales. Y esto, necesariamente, se alcanza entregando valor agregado al salmón producido gracias al aumento de los estándares ambientales, disminuyendo el uso de antibióticos y antiparasitarios, disminuyendo la producción y las mortalidades y alejándose de áreas de valor ambiental. A su vez, enfrentando junto con la ciencia nuevas problemáticas, como la contaminación de los fondos marinos y el cambio climático. Sin esto, la industria corre el riesgo, nuevamente, de quedar obsoleta”, concluyen Javiera Calisto y César Astete.

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*La foto destacada es de contexto y corresponde a archivo de Sernapesca.