Este viernes 9 de abril, la Alianza Marítima de Chile A.G. (Almar) entregó una declaración pública en la cual se refiere a la intención del Gobierno de Sebastián Piñera de abrir el cabotaje a naves y empresas extranjeras.

A continuación reproducimos íntegramente el texto que está firmado por el presidente de la Almar, Rodolfo Ponce Vargas, junto con el Consejo de Transporte Marítimo de la misma Alianza; por el Colegio de Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante Nacional (MMN) – Colcap; Sindicato Interempresa de Oficiales de Marina Mercante – Simar; Sindicato de Capitanes – Nautilus; Asociación de Capitanes y Prácticos – Nautilus; Sindicato de Trabajadores Interempresas de Compañías Navieras – Sitriemp; Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral – Siomma; Sindicato Interempresas de Oficiales Motoristas de la Marina Mercante Nacional – Siomot; y por el Organismo Técnico de Capacitación Marítima – Kopar:

“La Alianza Marítima de Chile, constituida por las organizaciones gremiales y sindicales del sector marítimo más representativas del país, en respuesta a las intenciones modificatorias manifestadas en el informe financiero mensaje Nº001-369, del Ministerio de Hacienda, sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento de la Marina Mercante y la Ley de Navegación, medidas que según ese ministerio fomentarían la competencia en el mercado de cabotaje marítimo, expone a la opinión pública su más categórico rechazo a estas dos iniciativas con los siguientes argumentos:

No es primera vez que el gobernante, el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, intenta abrir el cabotaje marítimo a naves extranjeras, situación que llevaría indudablemente a la desaparición de nuestra flota mercante y al término de su trascendencia en la economía nacional, de manera directa y avasalladora, afectando a empresas y trabajadores nacionales, con el agravante en esta oportunidad de pretender modificar la Ley de Navegación en su artículo 14, con el fin de privilegiar el embarco de marinos extranjeros en buques que enarbolan el pabellón nacional, situación que también rechazamos de manera tajante.

Es inverosímil la intención de insistir por tercera vez con un proyecto que no cuenta con el apoyo de las organizaciones gremiales, sindicales, ni de empresarios navieros, y que se ve agravado en un escenario de crisis pandémica en el cual todos los esfuerzos nacionales y las buenas intenciones deben contribuir a generar espacios de recuperación económica y creación de fuentes de trabajo, en vez de presentar proyectos que atentan y vulneran la necesaria tranquilidad que en estos momentos la nación requiere. En ningún caso, el liderazgo supremo de la nación contribuye con esta acción a mejorar los ánimos y esperanzas sociales.

Consideramos que presentar este proyecto al Congreso Nacional, sería un ataque frontal en contra de las aspiraciones de identidad marítima del país, nuestros intereses marítimos, el transporte marítimo y una actitud irresponsable y nada visionaria en contra de la retención de la base nacional de competencias, o know how, acumulado a través de dos siglos. El Gobierno claramente no tiene intención de retener dicha base de conocimientos adquiridos y no considera que se perderían, pese a la importancia que estos tienen para toda la sociedad y para la seguridad nacional.

Finalmente, la medida no es consecuente con la Gente de Mar, que con su esfuerzo personal y familiar ha desarrollado una profesión, que con vocación y sacrificio ha contribuido al bien nacional, una profesión que, debe tenerse presente, se desarrolla en un ambiente adverso para el cual no muchas personas están preparadas y calificadas.

Lo anterior significaría que un masivo grupo de oficiales, tripulantes, trabajadores portuarios, agentes de aduana, camioneros y personal administrativo de las empresas relacionadas con la industria, quedarían cesantes y obligados a migrar hacia otras actividades y en algunos casos hacia otros países, arrastrando una inevitable pérdida de competencias profesionales, recursos que sería muy costoso, difícil y lento recuperar, si es que tardíamente se revirtiese la medida.

Algunos aspectos negativos importantes a considerar:

Se exterminarían las fuentes laborales de oficiales y tripulantes de la marina mercante nacional, afectando a miles de trabajadores de manera directa y cientos de miles indirectamente que efectúan labores relacionadas.

Seríamos ‘pioneros’ en el mundo en dictar unilateralmente una medida que atente contra sus propios intereses marítimos, sus trabajadores y empresarios, sin establecer políticas de ‘reciprocidad’.

Causaría la desaparición inminente de nuestra Marina Mercante Nacional, la eliminación de tráficos de servicios regulares establecidos por años y la duda de mantener la conectividad en nuestro país. Es importante considerar que las experiencias de apertura del cabotaje impulsadas por algunos países, tales como Argentina, han tenido nefastas consecuencias, que hasta el día de hoy, manifiestan repercusiones. Afectaría también a otros sectores del transporte y logística, como el de los camioneros, de los portuarios, y de las empresas de servicios relacionadas.

Situar el cabotaje nacional en incompetentes manos extranjeras, expondría a nuestras costas a posibles desastres ecológicos y a potenciales daños irreversibles de nuestros recursos naturales y extractivos, lo cual afectaría las labores de la pesca artesanal e industrial, poniendo en riesgo una fuente alimentaria de importancia para toda la ciudadanía. Es relevante recordar lo sucedido con el súper petrolero holandés ‘Metula’, cuyo derrame afectó a 2.560 km2 en aguas del estrecho de Magallanes, en una línea de costa de 60 a 80 kilómetros de largo, de unos 15 a 60 metros de ancho, con un espesor de aproximadamente 10 centímetros promedio.

Incluso, esta medida afectaría la capacidad de recursos humanos y materiales de nuestro poder naval, en situaciones de defensa nacional, crisis o catástrofes, toda vez que el transporte marítimo nacional es el apoyo logístico estratégico de la Armada, quien tiene por misión cautelar las vías de comunicaciones marítimas.

La Alianza Marítima de Chile está convencida que el mantener el cabotaje en manos de armadores chilenos y con tripulaciones nacionales, es la medida adecuada que Chile requiere y el escenario actual necesita, por ser una garantía que permite salvaguardar las fuentes de empleo de los marinos chilenos en buques de bandera nacional y en pos de seguir proporcionando una sólida base para la economía, seguridad y política ambiental de nuestra nación, que viene a complementar también el esfuerzo del país por mantener su presencia en el comercio internacional, como lo han demostrado casi 203 años de labor ininterrumpida de nuestro transporte marítimo.

El país en pleno debe saber que esta no es una buena iniciativa, sino, una vez más, un intento de beneficiar a unos pocos en perjuicio de lo que somos y lo que queremos lograr como nación. Un gobierno respetable, bien inspirado y trascendente genera beneficios, crecimiento y estabilidad a sus mandantes, defiende lo que ellos han creado con esfuerzo y trabajo, en vez de destruirlo”.

*La foto destacada es de contexto y corresponde a archivo de la Fetrich.