Prohibir la pesca de arrastre de la merluza común como norma general para el territorio marítimo nacional, era la finalidad del proyecto de ley rechazado este martes 25 de mayo por la Cámara de Diputadas y Diputadas y enviado ahora a archivo.

La propuesta, iniciada en mociones refundidas (boletines 12937 y 13019), fue aprobada en general el pasado 17 de marzo, ocasión en que fue objeto de variadas indicaciones que obligaron a una nueva revisión por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos cuyos acuerdos se presentaron en un nuevo informe, rendido por el diputado Alexis Sepúlveda (PR).

El texto modificaba la Ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura (LGPA), prohibiendo de manera expresa la “extracción de la especie Merluccius gayi gayi, merluza común, con el arte de pesca comprendido como ‘arrastre’, ya sea de media agua o de fondo”.

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Además, estipulaba que podía ser utilizado este arte de pesca, “única y exclusivamente en los polígonos que definen las actuales huellas de pesca proyectadas y definidas por la autoridad pesquera respectiva”.

Este último punto fue precisado luego en la Comisión de Pesca, lo que generó un ánimo adverso que impidió alcanzar el quórum mínimo de aprobación del texto en su conjunto (se obtuvieron 74 votos favorables y se requerían 78).

A continuación puede revisar cómo votaron las y los diputados:

Dicha norma establecía que “la huella del arrastre no operará entre las costas y las 30 millas marinas, las que se medirán desde las líneas de base normales, dentro del espacio comprendido entre el límite norte de la República hasta el paralelo 56° de latitud sur, al límite de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, abarcando, de igual forma, las islas, su alrededor y las aguas interiores del país”.

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Debate

El ministro de Economía, Lucas Palacios, adujo en el debate del proyecto que la aplicación de la norma, tal como salió de la Comisión de Pesca, implicaba “en la práctica el cierre de ocho plantas procesadoras y la pérdida de mil 150 empleos directos, además de 3 mil millones de pesos menos de ingresos fiscales, entre otros impactos”.

A su vez, expresó que el problema está dado en la pesca ilegal y puntualizó que “avanzar en un congelamiento de la huella de arrastre nos pondrá en la vanguardia mundial en materia de sustentabilidad, por lo que no es necesario avanzar en una restricción mayor por la vía de una exclusión de las 30 millas”. Además, sostuvo que la disposición planteada era inconstitucional, “al tratar materias de exclusiva iniciativa legislativa del Gobierno”.

Quienes estuvieron en contra de la propuesta replicaron algunos de los argumentos entregados por el Ejecutivo, particularmente en orden a que se destruiría “un importante número de empleos”, en especial de mujeres que trabajan en las plantas procesadoras, y a que el problema está dado por la pesca ilegal y por la vulneración de las 5 millas de exclusividad del sector artesanal.

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En tanto, las y los que estuvieron a favor de la iniciativa (con la nueva redacción planteada por la Comisión de Pesca) enfatizaron que es necesario garantizar la preservación del recurso y el cuidado del medioambiente; apelaron a una mayor asociatividad entre el sector artesanal con el industrial; y remarcaron las consecuencias que implica el sistema de arrastre como medio de pesca.

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En la instancia intervinieron Alexis Sepúlveda (PR), Ignacio Urrutia (PREP), Gastón Saavedra (PS), Pablo Prieto (IND), Patricio Rosas (IND), Rubén Moraga (PC), Bernardo Berger (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Jorge Brito (RD), Jaime Tohá (PS), Camila Rojas (Comunes), René Alinco (IND), José Pérez (PR), Leonidas Romero (RN), Raúl Saldívar (PS), Jorge Brito (RD), Marcelo Díaz (IND), Miguel Ángel Calisto (DC) y Fidel Espinoza (PS).

Foto destacada: Cámara