El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, destacó en su reciente presentación ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado que el año 2020 marcó un hito importante en la gestión de denuncias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ya que fue el primero en que el número de denuncias gestionadas superó las pendientes. “Desde que iniciamos el programa especial para mejor nuestro nivel como servicio público, hemos aumentado en un 60% las denuncias gestionadas por año”, comenzó afirmando.

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Lo anterior -prosiguió De La Maza-, se enmarca en el Plan de Acción 2019-2022 que incluye una mejora de los procesos de la SMA, como robustecer la fiscalización territorial y remota, fortalecer la potestad sancionatoria y el incentivo al cumplimiento; además de potenciar el seguimiento ambiental y facilitar el acceso a la información.

Es así como en el año 2020, las inspecciones ambientales evidenciaron un avance con un volumen que duplicó el promedio de los últimos cinco años. Esto se explica principalmente por el incremento de fiscalizaciones mediante exámenes de información, triplicando lo realizado durante 2019, argumentó, añadiendo que el fortalecimiento a la fiscalización remota estableció obligaciones de reporte en línea en sectores como energía, salmonicultura, industria, sitios de disposición final de residuos y minería, entre otros.

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“Con ello esperamos avanzar de diez instalaciones que monitoreábamos continuamente el 2019, a más de 1.300, el 2021. De esta forma, la SMA está realizando un despliegue tecnológico intensivo, con mecanismos de monitoreo continuo, que permitan la detección temprana de desviaciones”, enfatizó.

Se definieron también 28 territorios prioritarios a nivel nacional y se inauguraron delegaciones especiales en Quintero, Puchuncaví, Huasco, Coronel, Calama y Chiloé, cuyo objetivo es fiscalizar el 100% de las instalaciones relevantes en estas zonas el 2021.

En el área de sanción y cumplimiento aseveró que ha habido avances importantes respecto del ejercicio 2018, lográndose al 2020 un incremento del 70% en formulaciones de cargos, 90% en dictámenes, 24% en programas de cumplimento, 100% en medidas provisionales y 270% en requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En cuanto a la automatización de los procedimientos sancionatorios, sostuvo que se han procesado a la fecha cerca del 70% de los expedientes que se encontraban pendientes de trámite. “Esto se tradujo en un drástico aumento en el cumplimiento de normativas como las que regulan descargas a ríos y lagos donde focalizamos nuestro trabajo, lo que significó un incremento de un 20% del cumplimiento normativo del decreto supremo (D.S.) N°90 en el último año”, expresó el superintendente.

Resaltó, a su vez, la creación del Portal Ciudadano de Denuncias, el avance del 90% en la digitalización de trámites y la priorización de estas debido a su gravedad.

Cuentas pendientes

“Cuando asumí a cargo de la institución (2019), contabilizamos que del total de denuncias ingresadas hasta el 2018, solo un 38% de ellas presentaba avances y con tiempos de tramitación de 300 días en promedio. El 2020 y tras todas las acciones que realizamos para agilizarlas y darles curso, actualmente hemos avanzado y tenemos un 56% de ellas gestionadas. A su vez, del total de fiscalizaciones con hallazgos realizadas, un 62% se encontraba con sancionatorios pendientes y sus tiempos de tramitación se traducían en promedio en 400 días. Actualmente, solo un 13% de estos expedientes está pendiente de tramitación”, adujo De La Maza, para quien lo anterior evidencia que se ha ido “revirtiendo una tendencia histórica en la gestión de denuncias”.

Ahondó que, pese a ser una institución relativamente nueva (entró en funcionamiento en 2013), a la fecha cuenta con 252 funcionarias y funcionarios nivel nacional y con un promedio de tres fiscalizadores por región. Actualmente fiscaliza más de 17.000 instalaciones y conforme avanza el país -sumando nuevas regulaciones ambientales- también aumentó exponencialmente la responsabilidad de la SMA y las expectativas de la ciudadanía.

En esta línea, la autoridad subrayó que “su gestión apunta a que el reforzamiento de la institucionalidad ambiental no solo se traduzca en una fiscalización más eficiente y eficaz, sino también que incorpore mayores acciones preventivas mediante la detección temprana de incumplimientos con herramientas de inteligencia ambiental”.

“Excelencia jurídica”

El trabajo realizado por la institución -en palabras De La Maza- “se ha caracterizado por la excelencia jurídica e independencia, dando importantes señales a través de casos de relevancia en sectores productivos como el acuícola, minero, energético, inmobiliario, agroindustrias, rellenos sanitarios y vertederos, y también con respecto a infracciones detectadas en empresas del Estado y otras entidades públicas”.

Eso sí, reconoció que, a pesar de que esas mejoras en gestión han permitido acelerar el funcionamiento de la Superintendencia, se requiere reforzar significativamente las capacidades de la SMA para responder oportuna y eficazmente al volumen de denuncias pendientes de tramitación y a la mayor demanda por la protección ambiental que se espera en los siguientes años.

En este sentido, la autoridad puso especial énfasis en “la asignación de recursos en fiscalización y sanción ambiental del país, la que dista de ser suficiente para cubrir oportunamente las denuncias que recibimos. Esto se agrava cuando se reconoce que el presupuesto de los servicios sectoriales que apoyan a la SMA se ha visto también reducido en la última década, en un 75% en este ítem”.

Vea a continuación la sesión especial en la Comisión del Senado:

*La foto destacada es de contexto y corresponde a archivo de la SMA.