El fortalecimiento del carácter de bien de uso público del agua, así como la consagración de su acceso como un derecho humano básico y la necesidad de hacer frente a los efectos del cambio climático, fueron algunos de los argumentos expresados en la sesión donde se inició el debate en general del proyecto (Boletín: 7543-12), en segundo trámite, que reforma el Código de Aguas.

En la primera jornada de debate rindieron cuenta del trámite en sus respectivas comisiones, los senadores y senadoras: Adriana Muñoz de Recursos Hídricos; Juan Castro, de la instancia de Agricultura; y Pedro Araya de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La senadora Adriana Muñoz precisó que la instancia que preside recibió durante el estudio de la iniciativa un amplio número de organizaciones sociales. Subrayó que “el texto apunta a complementar el carácter de bien de uso público. Consagra, además, el derecho esencial al agua como un derecho humano, se regula la obligación del Estado respecto de territorios indígenas con el fin de proteger las aguas existentes para dichas comunidades, y se establecen las diversas funciones que cumplen las aguas”.

El senador Juan Castro manifestó que la instancia de Agricultura escuchó a más de 80 expositores quienes expresaron sus observaciones y comentarios. El legislador explicó que la iniciativa consagra el derecho al agua como derecho humano y fortalece su carácter de bien de uso público y dejó constancia que diversas comunidades indígenas solicitaron someter a consulta el proyecto.

El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, dio cuenta de la audiencias públicas con constitucionalistas y expertas y expertos quienes, junto con representantes del Ejecutivo, realizaron numerosas observaciones para contribuir a la redacción del texto legal. Precisó que el proyecto persigue establecer como un derecho esencial el acceso al agua y velar por un adecuado balance en la prevalencia de sus usos.

En tanto, en nombre del Ejecutivo, hizo uso de la palabra el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien recordó “la escasez hidrobiológica que existe influenciada por el cambio climático y que afecta especialmente a la zona central”, por lo que enfatizó que “es urgente asegurar un marco legal adecuado a esta nueva realidad. También calificó como importantes otras iniciativas como la que crea el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos.

En su calidad de autor de la iniciativa, el senador Alfonso de Urresti destacó los principales aspectos del texto legal que fortalece la naturaleza jurídica de las aguas: “Se intensifica la noción de bien de uso público, se resguarda la multifuncionalidad de las aguas y los derechos serán temporales. En el caso de los territorios indígenas, el Estado deberá velar por la integridad de las tierras y aguas, y se establece la priorización de las aguas para la subsistencia y se define como un derecho humano”.

La senadora Isabel Allende adujo que “han pasado diez años desde la presentación de este proyecto que fue muy resistido en un comienzo. Hoy vemos que la realidad de la escasez hídrica y el cambio climático, nos obliga a hacernos cargo de miles de comunidades que hoy no tienen acceso al agua. En el año 1981 se instaló este verdadero mercado del agua a través de derechos perpetuos, heredables y especulativos”.

El senador David Sandoval recordó que “el proyecto fue presentado por un grupo de diputados en forma transversal y establece un fortalecimiento de su carácter de bien de uso público. La población con problemas de acceso al agua es casi de 1.400.000 personas. Este proyecto crea un marco institucional básico y dispone la obligación de uso de los derechos de agua y un mayor equilibrio de su prevalencia”. Recordó, además, que se encuentra en trámite el proyecto de reforma constitucional que establece como derecho fundamental el acceso al agua de su autoría junto con otros de sus pares (Boletín 12482-07).

El senador Carlos Bianchi recordó que también presentó sendas iniciativas para garantizar el derecho al agua como un derecho humano. Coincidió en el diagnóstico de aumento de la desertificación y la disminución de las precipitaciones en la Patagonia y Magallanes. También recordó que está pendiente la situación de miles de familias que debido a la pandemia, tienen altas deudas por consumo de agua potable. “Estamos viviendo un momento complejo en materia medioambiental”, sentenció.

El senador Jaime Quintana aseveró que “en pleno siglo 21 y con la crisis climática es un sinsentido que la única vez que la Constitución mencione el agua sea para garantizar derechos sobre ellas. Hoy, hay 500 mil familias que siguen dependiendo de camiones aljibes y más de 100 comunas están declaradas como zona de escasez hídrica. Esta reforma introduce grados de sensatez, tales como, establecer el carácter público y también valoro que se protega en favor de las comunidades indígenas”.

La senadora Luz Ebensperger comentó que “el agua es un recurso escaso pero de vital importancia para la actividad humana y de ahí la importancia de regular y equilibrar el uso. Sin embargo, se celebra que, a consecuencia de esta modificación, el agua sea bien de uso público, pero en realidad esa calificación la encontramos ya en el Código Civil del siglo 19. Los objetivos generales son la seguridad y la equidad en el acceso del agua priorizando el consumo humano como bien de uso público”.

Para la senadora Carmen Gloria Aravena, “el 44% de los problemas de riesgo hídrico tiene que ver con gobernanza, de allí la importancia de la Subsecretaría del Agua. En Chile hay muchas formas de tenencia pero solo la mitad las tiene registradas la DGA (Dirección General de Aguas), por eso es importante que ahora se obligue a inscribirlas todas. Acá se garantiza el agua para uso humano por sobre cualquier otro. En mi región hay 400 mil litros de agua que no se usan y que fueron solicitados”.

Posteriormente, el senador Alejandro Guillier hizo referencia a la presencia del cambio climático. “Este proyecto modifica el concepto de aprovechamiento de agua pasando de uno total y absoluto a uno temporal. Esto es importante pero falta mucho más. Les quiero contar que en Antofagasta se usa agua desalada para uso humano y también en lo industrial minero. Vamos a tener que pensar en los estilos de desarrollo porque ello influye en el uso que se hace el recurso”, precisó.

La senadora Yasna Provoste, presidenta del Senado, apuntó a la gobernanza del agua basada en los conocimientos resguardando la vida de las personas y los ecosistemas. “Entre las principales brechas está lo normativo porque el Código de Aguas actual y la Constitución dan cuenta de lo que ya no queremos, por eso esperamos que la Constituyente haga los cambios necesarios. Creemos que este proyecto es consistente y grafica un gran cambio”, destacó.

“Valoro que después de un largo proceso -de diez años- se discuta en general cómo perfeccionar esta legislación. Estamos adecuando la ley a la nueva realidad que es la sequía. Queremos dar prioridad al consumo humano habiendo mayor equidad al acceso pensando en los derechos de aprovechamiento. Estamos frente a un buen proyecto y existe el compromiso del Ejecutivo de ingresar indicaciones que lo mejoren”, comentó el senador Claudio Alvarado.

Finalmente, el senador Juan Pablo Letelier recordó cómo se gestó la actual legislación: “Como se separó el agua de la tierra, se logró generar un mercado hídrico. No soy contrario al proceso productivo pero debe haber una racionalidad pensando en el bien común. Todos los que ya tienen los derechos van a poder seguir usándolos con su lógica individualista (…) Creo que la DGA de verdad trabaja con pocos recursos y valoro que se la empodere”.

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Se trata de una moción de un grupo transversal de diputadas y diputados entre los que se encuentra el actual senador Alfonso De Urresti.

Ingresó a trámite en el Senado el 24 de noviembre de 2016 y se derivó a las comisiones de Recursos Hídricos; de Agricultura y de Constitución. Esta última se abocó únicamente al estudio de las materias relacionadas con la Constitución Política.

El proyecto busca modificar el Código de Aguas para establecer el derecho esencial al agua; dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento; intensificar y complementar el carácter de uso público del agua; consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas en caso de cumplirse ciertas condiciones definidas en la ley, y proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres.

*La foto destacada es de contexto y corresponde a archivo de la UCSC.