A través de la Cámara de Diputadas y Diputados ingresó, este martes 17 de agosto, un proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación. Mediante esta iniciativa se pretende dar lugar en el cabotaje marítimo nacional a naves extranjeras, con el fin de “fomentar la competencia en el mercado”, según lo señalado en el documento oficial.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Ante esto, la Secretaría del Personal Embarcado Nacional, junto al SIET de Tripulantes de Cerco, el SIET de Tripulantes de Arrastre, el Sindicato Interempresas de Oficiales de las Marina Mercante (Sioma) y SIET Mar del Sur, expresaron su descontento. “Es impresentable y difícil de creer que en un momento en donde más empleo se requiere en Chile y para los chilenos, el Gobierno lance un proyecto de ley que restringe gravemente el trabajo de miles de personas que laboran a bordo de las naves de transporte, particularmente, de la zona sur y sur austral”, señalaron.

Dentro de los objetivos del proyecto está reducir las tarifas de los fletes para lograr obtener más oferentes y dar mayor uso a los mares chilenos como vía de transporte. “Se crean las condiciones necesarias para un aumento de participación de la vía marítima en el transporte de carga a nivel nacional. De este modo, se genera un potencial ahorro por la reducción de costos de provisión y mantención de infraestructura vial, además de beneficios por menores externalidades negativas como congestión, contaminación y accidentes”, se puntualiza en el documento.

Frente a lo anterior, los trabajadores mencionaron que “los estudios encargados para desarrollar este proyecto de ley no dicen que en el mundo son muy pocos los países que permiten que embarcaciones extrajeras operen en aguas de su jurisdicción. Tampoco mencionan que las también llamadas banderas de conveniencia son más baratas por los sueldos miserables de sus trabajadores y que fomenta la esclavitud abordo, aprovechándose de las criticas condiciones de vida de los tripulantes en sus países de origen”.

“En el año 2020, en conjunto con otros sindicatos y con el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), tuvimos que realizar gestiones de ayuda humanitaria y repatriación de la dotación de uno de estos barcos “baratos”, luego que el dueño lo dejo abandonado en el Puerto de Talcahuano (región de BioBío). Lo triste es que ejemplos hay muchos en nuestro país de barcos y personas abandonadas a su suerte y somos las organizaciones sindicales marítimas las que debemos hacernos cargo”, agregaron.

Los dirigentes señalaron también que la medida no solo va a perjudicar a las embarcaciones mercantes, sino que también a las naves de pesca, remolcadores y, en general, a todo aquel que trabaje bajo la bandera chilena. Expresaron “es así como se vende el país: las concesionarias, la salud, la educación, los recursos mineros, los pesqueros. Las subastas son la forma de vender el trabajo, patrimonio del que depende la familia chilena”.

Para finalizar, los trabajadores puntualizaron “rechazamos la propuesta enviada por el Ejecutivo e informamos que todos los marinos mercantes y personal embarcado nacional estamos en alerta y atentos al desarrollo de este proyecto, que en la eventualidad de que prospere habrá una reacción inmediata de toda la flota nacional”.

Fotografía: Prensa Embarcados