A continuación, reproducimos la columna de Opinión enviada a Medios AQUA por el presidente  de Armasur A.G. Multigremial Región de Los Lagos, Héctor Henríquez Negrón, quien se refiere al actual proceso constitucional que se lleva a cabo en el país y el impacto que tendrían las indicaciones que surgen del trabajo de la Convención Constitucional:

Expertos constituyentes de nuestra región, coinciden en que para analizar el impacto que tendrían las indicaciones que surgen del trabajo de la Convención Constitucional, el estudio debe estar centrado no sólo en lo que proponen las comisiones sino, y principalmente, en lo que aprueba en general y en particular el pleno de este órgano.

Los gremios que forman parte de la Multigremial de la Región de Los Lagos, tienen en común ser organizaciones con un fuerte contenido regional, descentralizadoras, que se vinculan con las comunidades locales que forman parte de la identidad del territorio, en que hay familias originarias, de la pesca artesanal; de sectores aislados y rurales que son fundamentales de cada actividad. Su labor es parte central del capital humano que mueve la economía y la vida de los habitantes. Lo que hacen en este sentido, por tanto, es más profundo que responsabilidad social empresarial. Son parte de este ecosistema y se ocupan de que el buen hacer permita una integración efectiva y con ello se constituyan en la base y el equilibrio de esta sostenibilidad.

Esta es la razón por la que estamos participando en el proceso constituyente, a través de los mecanismos que existen en el proceso para aportar con nuestra mirada, con la experiencia que nos da el terreno en que trabajamos diariamente, con indicaciones y propuestas que tienen como objetivo llegar al final de este camino que vivimos como chilenos, con un texto constitucional que sea “la casa de todos”, donde la democracia se exprese con el requisito esencial de “una persona, un voto” y que la igualdad ante la Ley y la participación ciudadana sea efectivamente equilibrada para todos, teniendo un marco jurídico que garantice esto.

Volviendo al planteamiento de los expertos constituyentes que señalo al inicio de esta columna, un

análisis objetivo y sin sesgo, nos dice que de lo que hay aprobado para ser parte del texto final, sobre un 70% ha sido votado por más del 70% de los constitucionalistas. Es decir, que en dicho acuerdo han participado todos los sectores que están representados en la Convención Constituyente. En este escenario sí, hay artículos que se alejan respecto de que nuestro texto constitucional sea un instrumento que elimine distorsiones y discriminaciones históricas y se convierta en uno que tenga como elemento central la igualdad, en especial igualdad de derechos e igualdad ante la Ley y la participación ciudadana, evitando que la minoría decida por la mayoría.

Entre estos puntos, Autonomía y Autogobierno, y la protección del territorio marítimo que se reconoce para los pueblos y naciones indígenas está por sobre el principio de igualdad. Esto nos preocupa mucho, por el impacto que pueden tener en las actividades que se desarrollan en la macrozona sur austral y que vinculan a más de 200 mil personas.

¿Por qué no tienen lo mismo, por ejemplo, la pesca artesanal que está presente antes de que Chile sea nación?

Crear mecanismos de representación para los pueblos originarios es razonable y justo. Pero que esta representación tenga mayor validez que el resto rompe el principio de igualdad. A las minorías hay que respetarlas en su derecho y dignidad, pero eso no puede estar por sobre el derecho y dignidad de los demás miembros de la sociedad.

Romper el principio de “una persona un voto” es otro “mazazo” a la democracia.

Derechos territoriales y de decisión sobre el territorio de los pueblos indígenas por sobre el resto de la ciudadanía también rompe el principio de igualdad.

Estas discriminaciones y otras de similar tenor en el proceso constituyente vulneran un principio básico, que ya está consagrado y aprobado para ser parte del texto final: “establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza”.

Existen otras preocupaciones que sumamos, como lo relativo a la potestad de que las regiones formen empresas públicas como también aspectos que afectan el derecho de propiedad y que debieran ser temas de profunda discusión.