Infaltable en las preparaciones culinarias del Pacífico Sur y emblemática para las y los pescadores artesanales y buzos, el loco (Concholepas concholepas), un molusco bentónico que habita fondos rocosos entre los O y 50 metros en las costas de Chile y Perú, destaca por su textura suave y cremosa al paladar. Su exquisito sabor lo ubican entre una de las especies más valoradas por la gastronomía nacional e internacional, llegando a los mercados asiáticos y de norteamérica.

Sin embargo, de acuerdo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), su alto precio de compra hace que este molusco sea frecuentemente explotado de manera ilegal, lo que trae graves consecuencias para la sostenibilidad de esta pesquería y, a su vez, de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Amerb), en las que organizaciones de pescadores artesanales han co-gestionado este recurso a lo largo del país, durante los últimos 20 años.

En Chile, la pesca ilegal es una realidad que afecta diariamente a la pesca artesanal, convirtiéndola  en una amenaza para la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, al generar pérdidas económicas importantes para la pesca de pequeña escala. Por ello, un grupo de investigadores del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), realizaron un estudio en el que estimaron la pesca anual ilegal del loco, realizada por personas externas a las organizaciones o sindicatos que gestionan las Amerb.

“Debido a la veda extractiva, el loco solo puede ser extraído dentro de las Amerb, entonces, se considera una acción ilegal cuando el loco es extraído por agentes externos a la organización, que ingresan al área de manejo de forma ilícita”, explica Pedro Romero, investigador semi senior de Áreas de Manejo del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y coautor de la investigación. “También se considera pesca ilegal cuando socios de la propia organización extraen recursos, sin contar con la autorización o la coordinación entre los miembros de la misma organización, lo que se sanciona por los dirigentes o asociación de pescadores. En este caso, estudiamos la primera forma de extracción ilegal”, añade.

Susana Galleguillos, es presidenta del Sindicato de Pescadores de Punta Talca, localidad cercana a Ovalle, en la Región de Coquimbo. Esta asociación fundada hace 28 años, está integrada por 25 personas, quienes tienen autorización para extraer locos. “Debido a los robos de distintos recursos que nos afectan, nos vimos en la obligación de poner cámaras de vigilancia en un sector del área de manejo. Así, cuando alguien entra a esta zona, las cámaras envían una notificación al celular y se pueden prender luces para que quienes entran al área, queden al descubierto y se vayan”, indica Galleguillos. Aún así, la vigilancia que les otorga estas cámaras no es suficiente.

En esta línea, el paper titulado «Estimaciones de Pesca Ilegal de Líderes de Asociaciones de Pesca Artesanal en sus Áreas de Manejo Exclusivas», publicado en la revista Frontiers in Marine Science, da cuenta de una investigación exhaustiva realizada en 100 áreas de manejo ubicadas entre las ciudades de Tal Tal (Región de Antofagasta) y Ancud (Región de Los Lagos).

El estudio, da cuenta de las percepciones de los líderes de las asociaciones de pescadores artesanales sobre la pesca ilegal, realizada en sus áreas de manejo por personas externas a esta. Además, la investigación explica qué determina la realización de esta actividad ilegal y proporciona información para priorizar oportunidades para abordar la pesca ilegal en las pesquerías a pequeña escala co-gestionadas.

“El problema de la pesca ilegal en áreas de manejo (Amerb), es un problema complejo que requiere múltiples miradas y aproximaciones para avanzar hacia su resolución. Uno de los elementos para avanzar, como complemento a las acciones de fiscalización que tienen que realizar los servicios de gobierno, es fortalecer las capacidades de automonitoreo, autocontrol, desarrollo de tecnología y la generación de incentivos para que sean las propias comunidades que puedan establecer sistemas de vigilancia dentro de sus áreas de manejo. Avanzando en esta mirada integral, podemos ir reduciendo o controlando de alguna manera este fenómeno de la pesca ilegal en las áreas de manejo”, explica el académico de la Universidad Santo Tomás e investigador SECOS, Rodrigo Estévez, coautor del paper.

Fotografía: B2b Media Group