La compañía presentó una demanda contra el Estado de Chile solicitando una indemnización superior a US$140 millones, al considerar que la entrada en vigencia de la Ley N°21.752 de Fraccionamiento Pesquero provocó un significativo perjuicio económico para la compañía.
La empresa, con operaciones en Lota, Coronel y Talcahuano, sostiene que la modificación legal alteró de manera anticipada las condiciones bajo las cuales organizó su actividad productiva, realizó inversiones y proyectó su desarrollo dentro del sistema pesquero nacional.
Con más de 70 años de trayectoria en la región del Biobío, Alimar desarrolla actividades industriales basadas principalmente en la captura y procesamiento de jurel, sardina común y anchoveta, destinadas a la elaboración de productos congelados, harinas y aceites de pescado.
Según expone la demanda, la compañía se incorporó en 2013 al sistema de Licencias Transables de Pesca impulsado por el Estado de Chile, renunciando a permisos de pesca indefinidos a cambio de licencias con derechos garantizados por un período determinado. Sobre esa base, la empresa efectuó ajustes patrimoniales y operacionales, además de inversiones de largo plazo.
No obstante, la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero modificó la distribución de cuotas entre los sectores industrial y artesanal antes del plazo originalmente establecido, reduciendo la participación industrial de la empresa en pesquerías consideradas estratégicas para su operación.
“Alimar renunció a permisos de pesca indefinidos y aceptó una rebaja inmediata de sus derechos a cambio de una participación que el Estado garantizó por ley al menos hasta 2032. Esa participación se redujo antes de ese plazo y sin compensación. Es como pagar por una concesión a plazo fijo y que te quiten parte de lo concedido antes de que venza«, comentó el socio fundador del estudio jurídico Menchaca y Cía., Tomás Menchaca.
La compañía afirma que la acción judicial no busca cuestionar la facultad del Estado para modificar políticas públicas, sino establecer que cuando esos cambios afectan derechos adquiridos y generan impactos patrimoniales relevantes, corresponde implementar mecanismos de compensación.
De acuerdo con la demanda, la reducción de cuotas afecta el derecho de propiedad de Alimar al modificar condiciones que el propio Estado garantizó por ley, disminuyendo el valor económico de sus licencias sin contemplar compensaciones.
“La discusión que se abre con esta acción judicial no es solo sectorial; también aborda cómo el país entrega certezas para desarrollar inversiones de largo plazo y cómo se equilibran los cambios regulatorios con la confianza legítima de quienes operan bajo reglas previamente establecidas, y que otorgaban derechos plenamente incorporados a su patrimonio”, añadió Tomás Menchaca.
La indemnización reclamada considera, según la demanda, la estimación del valor afectado de las licencias de pesca y las utilidades futuras proyectadas bajo el escenario previo a la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento Pesquero.
Fotografías: Alimar y Menchaca y Cía.