El abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sebastián Donoso, será uno de los cinco destacados expositores del seminario “Ambiental 2014: Coloquios de acuicultura sostenible”, el que tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre en las instalaciones del Hotel Patagónico de Puerto Varas (Región de Los Lagos).
En la ocasión, el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y abogado del estudio Barros y Errázuriz ‒donde lidera la práctica de minería, aguas y asuntos indígenas‒ se referirá a la importancia de una relación cercana y sincera entre los proyectos de inversión y los pueblos originarios, para que estos tengan éxito en su desarrollo.
¿Cuál es la relevancia que tienen hoy en día las comunidades indígenas ante el desarrollo de nuevos proyectos de inversión?
En los últimos años hemos visto un cambio de paradigma en la forma en que los titulares de proyectos de inversión deben relacionarse con las comunidades, y en particular con las comunidades indígenas. Este cambio de paradigma está asociado por un lado a novedades regulatorias como la entrada en vigencia del Convenio 169, de la Ley de Borde Costero de pueblos originarios y la nueva institucionalidad ambiental que tiene estándares más altos de evaluación y participación ciudadana, incluyendo la consulta indígena que mandata el Convenio 169. Pero además este cambio de paradigma está asociado a una preocupación creciente por el desarrollo de buenas prácticas en la relación con las comunidades indígenas, proceso que están empujando los propios inversionistas impulsados entre otras cosas por este nuevo escenario.
¿Durante los últimos años, ha habido un empoderamiento por parte de los pueblos originarios ante los proyectos privados y las políticas públicas del Estado? ¿El Estado ha sido parte de este empoderamiento?
Ciertamente se observa un empoderamiento creciente de las organizaciones indígenas. En el caso de su relación con el Estado, este empoderamiento se evidencia en la forma en que las organizaciones indígenas le están exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones, ejemplo de lo cual es la consulta indígena. En cuanto a los actores privados, este empoderamiento se aprecia en un número cada vez mayor de organizaciones indígenas que optan por desarrollar relaciones directas y llegar a acuerdos con las empresas, parte de lo cual es su requerimiento en orden a que los proyectos de inversión sean diseñados con una lógica de sustentabilidad socio-ambiental.
¿Cuál es el rol que deben tomar las empresas en sus zonas de operación frente a la presencia de pueblos originarios?
Creo que la clave está en la instalación de mecanismos de participación y diálogo permanente entre las organizaciones indígenas y las empresas, superando la lógica de relaciones ‘forzadas’ gatilladas en escenarios de conflicto. Junto con lo anterior, parece importante superar los límites de la responsabilidad social convencional y avanzar en la línea de los negocios inclusivos, de modo que los proyectos no sean sólo posibles fuentes de empleo directo sino también un aporte al desarrollo de las comunidades en el más amplio sentido.
¿Por qué la importancia, hoy en día, de instancias que permiten un diálogo abierto entre diversos actores, como Ambiental 2014?
La relación entre los pueblos indígenas y el Estado está marcada por desencuentros y desconfianzas históricas, y los actores privados también están involucrados en la medida que son receptores de permisos indispensables para ejecutar sus proyectos, o en la medida que no han sido capaces de desarrollar relaciones virtuosas en sus áreas de influencia. Por lo mismo es vital que existan iniciativas como Ambiental 2014 que permitan un diálogo franco y ojalá sin prejuicios sobre la mejor forma de compatibilizar el desarrollo de proyectos de inversión con el respeto de los derechos indígenas.
Para más información e inscripciones los interesados pueden contactarse a través del E-mail: seminarios@odebretadvisors.cl