Salmones Camanchaca fue objeto de una fiscalización de la autoridad medioambiental iniciada en octubre de 2013 en su piscultura ubicada en el sector de Petrohué, región de Los Lagos. Fruto de ello, seis observaciones fueron levantadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), lo que finalmente y después de absolver a la compañía de tres de las seis, se tradujo en una sanción monetaria de 214 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $120 millones (alrededor de US$180.000 al tipo de cambio actual).
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Consultada por la resolución de la SMA, desde la empresa aseguraron que es «de especial interés para Salmones Camanchaca demostrar que la principal observación que trata sobre un supuesto by-pass para descarga de riles (residuos líquidos) desde la piscicultura, no es tal y se trata de una situación extraordinaria y accidental, solicitando así una reconsideración a la cuantía de la sanción».
A juicio de la salmonicultora, lo anterior se sustenta en: la ausencia de intencionalidad; la cooperación eficaz en el procedimiento; el mínimo impacto del derrame toda vez que esta piscicultura es de recirculación, reutilizando aproximadamente el 98% de las aguas donde mantiene a sus peces en estado primario; la ausencia de cualquier beneficio económico en el hecho; la ausencia de daño para la salud humana; y una excelente conducta anterior.
De igual manera, argumentaron que es «importante aclarar» que producto de la destrucción de la piscicultura «Río Petrohué» en abril de 2015 como consecuencia de la erupción del volcán Calbuco, sus instalaciones fueron enteramente reconstruidas, reinaugurándose en agosto de 2016.
«Esta reconstrucción permitió hacer mejoras ambientales significativas, entre las cuales estuvieron medidas que eliminan los riesgos de que el evento de derrame vuelva a ocurrir», puntualizaron desde Camanchaca, añadiendo que son «una empresa genuinamente comprometida con el cuidado del medio ambiente y que colabora transparentemente con las autoridades ambientales para preservar la inocuidad de los procesos productivos».
Hasta ahora la resolución no se encuentra a firme y ejecutoriada, existiendo plazos e instancias para aportar más antecedentes a la autoridad y solicitar reconsideraciones, o tomar recursos adicionales que tomen en cuenta los atenuantes mencionados por la compañía.