Hace un par de semanas recibimos la noticia de que el 2° Tribunal Ambiental de Santiago había acogido nuestra reclamación en contra del Ministerio de Economía por aumentar la cuota de extracción del año 2019 en la pesquería de merluza austral. A nuestro juicio, se trató de un importante avance en materia de conservación pues, al igual que otros fallos recientes, pone en valor el principio precautorio que establece el deber de proteger los ecosistemas marinos y sus recursos hidrobiológicos.
Este tipo de merluza es parte del ecosistema marino austral. Varios estudios han concluido la presencia de un solo stock desde Los Lagos a Magallanes. Es decir, tenemos una población de merluza austral que habita frente a nuestras costas de manera permanente y que convive con especies como bacalao de profundidad, congrio dorado, merluza de tres aletas, merluza de cola y rayas por señalar algunas.
Su estado de conservación, según lo publicado en marzo de 2021 por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), es de sobreexplotación y al respecto, el Comité Científico Técnico ha señalado que “se encuentra con un nivel significativo de sobrepesca”, situación que se arrastra ya desde el año 2013, a lo menos.
Desafortunadamente y sin considerar el estado actual de la merluza austral, el 2018, el Ministerio de Economía modificó el porcentaje de riesgo utilizado para el cálculo de la cuota, por uno más permisivo, lo que significaba un incremento en la cuota para 2019 desde 14.800 toneladas a 19.537 toneladas, desoyendo al Comité Científico Técnico, organismo que se mostró disconforme con lo ocurrido señalando que no existían fundamentos técnicos que respaldaran la modificación.
Al advertir esta situación, acudimos en una primera instancia al Ministerio de Economía para que invalidara el decreto que aumentó ilegalmente la cuota, pero nuestra solicitud fue desestimada. Ante esto, insistimos presentando una reclamación ante el 2° Tribunal Ambiental, instancia que hasta ahora no había resuelto sobre temáticas pesqueras, argumentando que no se había obrado considerando información científica y que se estaba transgrediendo uno de los principales elementos reconocidos en la Ley de Pesca que establece el enfoque precautorio y ecosistémico para la salvaguarda de los ecosistemas marinos.
El Tribunal Ambiental resolvió la reclamación a favor de Oceana e invalidó la modificación del criterio de riesgo y el aumento de la cuota, refiriéndose a una serie de elementos, dentro de los que destacamos los siguientes:
Primero, señaló que el Tribunal Ambiental tiene competencia para revisar los actos de la administración que modifican las cuotas de pesca y sus planes de manejo, al constituir instrumentos de gestión ambiental. A su vez, confirmó la posibilidad de Oceana de acudir al Tribunal Ambiental, al haber previamente presentado su solicitud de invalidación directamente en el Ministerio.
Respecto del fondo, el Tribunal Ambiental señaló que, si bien el Comité de Manejo, organismo compuesto por los interesados y funcionarios públicos, tiene atribuciones para modificar el criterio de riesgo, este no puede hacerlo de forma arbitraria y sin los antecedentes científicos o información técnica suficiente que justifiquen la medida.
La Subsecretaría de Pesca y el Ministerio deben cumplir con una de sus funciones más importantes que es velar por la sustentabilidad de los recursos pesqueros, en donde las recomendaciones de los científicos son vitales para la toma de decisiones.
Finalmente, esperamos que la sentencia se aplique a la brevedad pues actualmente se está operando con el 50% de riesgo y tal cual lo señaló el tribunal, no existen fundamentos para ello y tampoco información científica que lo avale. La sobreexplotación de la merluza austral hace de esto una medida urgente.