“Para cada problema humano siempre hay una solución fácil, clara, plausible y equivocada”, sentenció el influyente periodista y escritor norteamericano Henry Louis Mencken. Esta frase resuena luego que la semana pasada un grupo de ocho diputados firmaron una iniciativa parlamentaria que busca aplicar una moratoria a la pesca artesanal y excluir a la salmonicultura de las Reservas Nacionales.
Caducar un 30% de las concesiones de salmones del país y en el mismo acto congelar por un período indefinido la extracción de erizos y centolla, la pesca de merluza y otros recursos pesqueros en buena parte de las regiones de Aysén y Magallanes, es lo que los congresistas proponen para solucionar un problema donde el estado otorgó, conforme a las regulaciones, concesiones de salmones y autorizaciones de pesca en espacios marítimos de Reservas Nacionales.
La solución propuesta al problema de ordenamiento territorial por parte de los honorables (siete que representan a regiones ubicadas al norte del Biobío y uno de Chiloé que no fue a la reelección) significaría menos actividad, y en consecuencia, menos empleos, menos emprendimientos, menos impuestos para beneficios sociales, menos patentes para mejorar los servicios en municipios y gobiernos regionales, menos desarrollo, menos exportaciones y menos oportunidades para los sureños.
Pero esto no parece ser casualidad, este fin de semana un diario de circulación nacional destacó las declaraciones del constituyente y coordinador de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, Juan José Martín, que dijo: “hay que atreverse a que en algún momento no se crezca o incluso se decrezca”.
En efecto, este proyecto significa hacer decrecer a la salmonicultura y paralizar a buena parte de la pesca artesanal, golpeando fuertemente el empleo de miles de personas en centros de cultivo, empresas de servicio, pescadores, plantas pesqueras y salmoneras de Chiloé, Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Puerto Natales y Punta Arenas.
A pesar de la dudosa constitucionalidad de la iniciativa, no deja de sorprender el ímpetu de sus promotores a la hora de responder con ahínco a las demandas de un grupo de ONG´s, sin tomar en cuenta las evidentes consecuencias para todos quienes nos relacionamos con las actividades del mar aquí, en el sur de Chile. Es quizás porque nunca vivieron de cerca el dolor de las 14 mil personas y los otros miles de emprendedores que debieron poner sus sueños en el congelador luego que la industria del salmón retrocediera producto de la crisis del virus ISA.
Con todo, el problema de ordenamiento territorial existe. Las regiones patagónicas concentran el 89% de superficie protegida del país alcanzando más de 100 mil kilómetros de costa (incluyendo las islas). Paralelamente, en el mismo territorio, se obtiene el 46% de los desembarques de pesca y acuicultura de Chile. Y aunque parezca que no puede juntarse en una misma frase actividad económica y Áreas Protegidas, el consenso es que existen distintas categorías de protección. No es lo mismo hablar de Parques que de Reservas. En las primeras se prohíbe el desarrollo de actividades económicas, mientras que en la segunda categoría se puede realizar algunas actividades en la medida que sean compatibles con los objetos de protección. Esto explica porqué el estado otorgó concesiones y ha permitido la pesca artesanal durante varias décadas.
¿Es posible cambiar el criterio? Claro que sí. Sin embargo, se debe abordar con la complejidad que merece ordenar el territorio. Identificar los objetos de protección, zonificar, determinar científicamente las amenazas, aplicar medidas preventivas o de mitigación y, por sobre todo, con una amplia participación en la búsqueda de una solución de todos quienes se puedan ver afectados.
Aunque hay quienes no confían en el desarrollo sustentable, es posible compatibilizar el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el desarrollo económico. Eliminar a una de estas variables, como pretende este proyecto de ley, no es más que una solución equivocada.