Han pasado más de 15 años desde la ejecución del proyecto FIP 2005-24 «Diagnóstico de la proyección de la investigación en ciencia y tecnología de la acuicultura Chilena», en el cual se hizo un levantamiento de la investigación realizada en Chile en acuicultura, en donde quedó en evidencia que en Chile no existía, y aún no existe, una política nacional de investigación para dicha actividad.
Uno de los grandes problemas evidenciado a través de este estudio fue la falta de acceso a los resultados de los proyectos generados con fondos públicos, lo cual no favorece a los investigadores y tampoco a los empresarios, ya que al no estar disponible esta información científica, no es posible incorporarla en los procesos productivos y tampoco avanzar en la investigación. Esto, a su vez, no permite dimensionar el real impacto de la investigación desarrollada en Chile con financiamiento estatal, tal cual ocurre en otros países.
Por tal motivo, en el marco del proyecto FIP 2005-24 se desarrolló un programa computacional (buscador), alimentado con bases de datos de los proyectos ejecutados y con el listado de los investigadores que participaron en estos. Esta información fue capturada para el período 1983-2005 y quedó a disposición de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) al finalizar dicho proyecto. Así, el Estado podría contar con una herramienta que le permitiera a los ejecutivos de los diferentes fondos de financiamiento y también a los investigadores, obtener información acerca de los proyectos ya ejecutados junto con el estado de desarrollo en el cual se encuentran ciertas líneas de investigación para las cuales la continuidad es relevante para el país. Esto, con la finalidad de hacer un mejor uso de los «escasos recursos» destinados a la investigación en Chile.
Lamentablemente, el programa desarrollado con toda la información capturada para el período señalado nunca se implementó, y hoy, al igual que hace 15 años, vemos que hay proyectos que se siguen repitiendo, que en ningún fondo se analiza el impacto de los resultados de estos, y que para la mayoría de las instituciones que finacian los proyectos es mucho más relevante controlar los dineros asignados que evaluar el impacto de los resultados técnico–científicos generados. Esto por supuesto genera un gran estrés en los directores de los proyectos, sobre todo cuando los rechazos son injustificados y las apelaciones a estos rechazos se convierten en una verdadera odisea debido a las trabas burocráticas y legales que hay que vencer. Ante esta situación, muchos investigadores se desencantan del sistema imperante y simplemente evitan postular a proyectos financiados por fondos en los cuales las trabas son tan burocráticas que superan la complejidad del proyecto mismo.
Por el contrario, en países como Noruega, por ejemplo, el modelo es distinto y esto no ocurre. El Estado le entrega los fondos a las instituciones de investigación que ejecutarán los proyectos, y son ellas mismas las que administran los recursos financieros, lo que redunda en que el sistema sea mucho más expedito para la institución que aporta el fondo, ya que los ejecutivos a cargo del seguimiento de los proyectos solo deben preocuparse del avance de los resultados y del impacto de estos en las materias comprometidas.
Un buen ejemplo son los proyectos financiados en Chile por el Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA) en los cuales se licitan proyectos priorizados por la Subpesca, que tienen como objetivo generar información técnica con fundamento científico para apoyar en la toma de desiciones y políticas públicas en el ámbito pesquero-acuicultor. Los proyectos una vez finalizados y aprobados por el Consejo de Investigación Pesquera y Acuicultura (CIPA) quedan disponibles en el sitio www.fipa.cl para consulta de cualquier interesado.
No ocurre lo mismo con otros Fondos de financiamiento en Chile, en los cuales se privilegia la «innovación», por lo que los investigadores deben comprometer entre sus resultados la generación de un producto patentable, aun cuando esto no sea factible debido al grado de desarrollo del proyecto y/o la falta de información en el tema, lo que no permite tener acceso al conocimiento generado, impidiendo cuantificar el real impacto que ha tenido la inversión en I+D para la acuicultura nacional, como quedó de manifiesto en el proyecto FIPA 2005-24.