«En medio de la noche, cuatro hombres ingresan disparando, insultando, obligan a salir a sus moradores y luego incendian el lugar». Si bien este relato parece la típica historia de los pandilleros que azotaban los poblados de las películas de cowboys de Hollywood, es una situación reciente y, lamentablemente, se repite con demasiada frecuencia. Esta vez las víctimas fueron los trabajadores de la piscicultura «Coipúe» de Cermaq, donde las oficinas fueron quemadas y donde además fueron dejados panfletos que justificarían «la causa».
Sorprende el ataque desalmado y violento, pero también la baja «cobertura» que se ha dado al hecho, ¿será que ya no es noticia? ¿será que estamos normalizando la violencia en La Araucanía? Claro, rechazamos la violencia, esperamos que las investigaciones den con los responsables y luego sean juzgados, como corresponde, pero, ¿nada más?¿Es aceptable que «la causa» sea expresada con armas, disparando a inocentes trabajadores, quemando la infraestructura que da trabajo a decenas de personas? Por supuesto que no.
LEA >> Cermaq Chile: «Tomaremos varias semanas para decidir qué haremos con la reconstrucción»
Si bien los expertos podrán encontrar muy buenos argumentos para explicar las causas del conflicto, ninguna de ellas debería justificar el uso de la violencia para generar terror, cualquiera sea su dirección. El terror que causan estas acciones no sólo tiene consecuencias sociales o políticas, su expresión más evidente en las víctimas es la ansiedad, miedo, dolor, tristeza y también la muerte.
Los trabajadores y sus familias no pueden seguir siendo las víctimas, así como el rechazo a la violencia no debe ser tibio ni pasivo. Las instituciones que hemos construido como sociedad deben resguardarnos y protegernos como personas, así como también deben ser agentes de cambio para resolver las causas que favorecen el contexto de violencia que se vive en la región de La Araucanía.
En democracia los ataques armados e incendios que buscan generar temor en la ciudadanía deben ser fuertemente sancionados, no sólo en el aspecto formal de la justicia, sino también deben ser rechazados por trabajadores, vecinos, empresarios, gobierno, alcaldes, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y por todos quienes creemos en la democracia y en la libertad.