Últimamente, el señor Hernán Córtes, quien se presenta como actual presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), apoya las declaraciones de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, con relación a la denominada «Ley de la Jibia».
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Lo hace tratando de confundir y enlodando la figura de la industria con información de una empresa pesquera que mantiene juicios con algunos trabajadores por su relación contractual.
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¿Qué decir y qué más esperar de esta organización? Si haciendo un poco de historia, recordemos que Condepp nació de un exasesor del fallecido Antonio Horvath (como senador), el señor Bernardo Caro, que a la luz de las investigaciones no era su asesor, más bien era un asesor de la empresa pesquera Lota Protein, como esta misma lo admitió en declaraciones publicadas por El Mostrador el 7 de marzo del 2017.
En esa publicación, se desnuda el financiamiento de $274.000.000 proveniente de la contabilidad de esa empresa para el logro de sus cometidos, y que también comprueba que esa empresa tenía dentro del mismo Congreso una oficina de relaciones públicas a través de este señor.
Agreguemos que en declaraciones del mismo señor Caro en otro medio de comunicación (Diario Aysén), queda claro que estos dineros tuvieron como destino las arcas de los dirigentes artesanales, entre estos el señor Jorge Bustos, quien está investigado por el Consejo de Defensa del Estado por dineros y aportes de la industria salmonicultora y el Fondo de Administración Pesquera (FAP).
Señalo esto para aclarar que, lejos de representar a todo un sector como lo es el artesanal, y tomando una vocería que no les corresponde y que obviamente ha sido financiada por una empresa como Lota Protein, a través de asesores como el señor Caro, el único norte del señor Cortés es enlodar la figura de la industria pesquera y por ende a sus trabajadores como lo somos nosotros.
Quisiera preguntarle al señor Cortés qué cargo tiene, porque aparte de ser, según sus declaraciones, el actual presidente de Condepp, en la página oficial del Consejo aparece el señor Jorge Bustos.
Y también consultarle si como asesor pesquero del actual alcalde de Coronel (región del Biobío), en representación de los trabajadores del sector pesquero artesanal que señala ostentar, puede dar un ejemplo de contrato colectivo, convenio colectivo o contratos individuales de trabajo que aseguran los beneficios en el sentido de protección y seguridad social de acuerdo con el Código del Trabajo.
Ya que está tan preocupado por este tema al mencionar algunas demandas en tribunales sobre una empresa pesquera, ¿puede dar las cifras de aporte en relación a los impuestos del sector artesanal que él representa por concepto tributario?
Que quede claro: el 80% de la cuota de sardina/anchoveta es de usufructo del sector artesanal, y lo mismo ocurre con la jibia, y a un precio en playa este recurso de $700 el kilo y a un total de 160.000 toneladas anuales generan una entrada de $112.000.000.000 de pesos. No quiero agregar el cálculo por concepto de la sardina, la merluza, las ventas por cuota de jurel y otras especies, ya que el sentido es saber si la seguridad y protección social es el norte de esta organización, ya que con mucho orgullo hoy solicitan una «plataforma social», como si este sector viviera en la más absoluta indigencia.
Es extraño este discurso de un dirigente que profesa su preocupación por el derecho de los trabajadores, en consecuencia que en su sector los derechos de los trabajadores no son protegidos por una relación contractual, estando muchas veces casi al borde de la esclavitud. Sin ir más lejos, la «Ley de la Jibia» va en contra de la propia legislación laboral, como es la «Ley del Saco» donde no se permite el izado de más de 25 kilos en forma extraordinaria, tema sobre el que esta organización no ha emitido ningún pronunciamiento.