Mucho está dando de qué hablar el hecho que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su discurso del 21 de mayo haya dicho que la actual Ley de Pesca será evaluada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que se puso fin a la pesca de arrastre en los montes submarinos, y que el rubro extractivo es un sector muy importante en el desarrollo económico y laboral del país.
El compromiso de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y de todos los que de verdad queremos seguir trabajando en este sector, es recuperar los recursos pesqueros y mantenerlos sustentables en el tiempo, con el propósito de darle hoy continuidad al empleo, y para las generaciones futuras.
En esos términos nos parece muy valorable y atinado que sea la FAO quien evalúe técnicamente la sustentabilidad de nuestras especies hidrobiológicas, poder saber si los destinos de nuestros recursos como productos alimenticios están bien dirigidos, o si determinadas especies deben ser procesadas solo para consumo humano; entre otras recomendaciones por parte de este organismo.
Es lógico que la FAO no intervenga en asuntos de distribución de nuestros recursos, además de no corresponderle, hablaría muy mal de la seriedad de nuestro Gobierno, y de los acuerdos tomados entre sectores. Debemos recordar que en temas de fraccionamientos esto se resolvió en un acuerdo histórico, llamada la «Mesa de los 30», entre el sector artesanal (los verdaderos representantes de los pescadores artesanales), los representantes de la industria pesquera y nosotros los trabajadores industriales; instancia de la cual salimos muy desconformes y perjudicados, debido a que el sector artesanal aumentó sus porcentajes de pesca, pero los acuerdos son para respetarlos y es la actual realidad; en términos generales, el sector artesanal tiene el mayor porcentaje de pesca nacional, son dueños de la mayoría de los pescados que se capturan en Chile.
En lo que respecta a la eliminación de la pesca con redes de arrastre, la Presidenta de la República anunció que se prohibió este sistema de pesca en todos los montes submarinos de nuestro territorio nacional, algo que nosotros también apoyamos y valoramos. Se ha criticado a la mandataria por no cumplir con lo anunciado en su programa de Gobierno, pero este es claro, dice que se eliminará la pesca de arrastre donde cause daño, y que no sea motivo de provocar cesantía; entonces sí cumplió con lo prometido, se eliminó el arrastre en donde causa daño, y no provocó cesantía, puesto que el haber eliminado la pesca de arrastre sobre las pesquerías que son capturadas con fines económicos y laborales hubiese conseguido una masiva pérdida de empleos, ya que somos alrededor de 20.000 las personas que dependemos directa e indirectamente de estos recursos, y por ende de este sistema de pesca, que se viene desarrollando desde los años ’60.
Ahora que somos un sector muy importante en la economía del país, y que entrega miles de puestos de trabajo en ambos sectores, artesanal e industrial, eso no tiene discusión.
En materia de ley
Durante la tramitación de la última Ley de Pesca aparecieron varias organizaciones nuevas; artesanales, de las pequeñas industrias y también laborales, todas con el propósito de conseguir someter las pesquerías chilenas a licitación, que es lo que siempre ha querido la empresa extranjera Lota Protein; una coincidencia, sobre todo cuando todas estas organizaciones son muy cercanas a esta compañía, y en donde algunos congresistas, como el senador y ex presidente de la Comisión de Pesca, Antonio Horvarth y Alejandro Navarro, también se les ha visto visitando esta empresa, son parte de los que insistentemente piden derogar la actual ley.
De alguna manera todos queremos una evaluación de la actual ley y corregir lo que esté funcionando mal, debido a que es imposible que todos hayamos quedado conforme con el 100% de los artículos citados en su promulgación; pero debemos enfocarnos en los aspectos legales y sociales, ya que la base de la ley está hecha. Todos queríamos que fueran entes científicos los que determinaran las cuotas en las distintas pesquerías, y así se está haciendo. Hoy que por fin el Gobierno, a través de sus respectivas autoridades y comités está queriendo poner orden en el sector, hay algunos que encuentran que es la ley la culpable de no satisfacer sus ilegalidades o aprovechamientos.
En la actualidad existen problemas mayores y que van en directo perjuicio del sector en general, como la indiscriminada extracción ilegal de la merluza común, principalmente en la Región del Maule, la postergación de la entrada en vigencia del posicionador satelital, el no respetar la poca y escasa fiscalización por parte del Sernapesca, en donde se ha llegado a secuestrar a un funcionario del Servicio para evitar ser fiscalizados, o en donde se ha atacado a la Autoridad Marítima por no respetar las vedas biológicas, entre otros gravísimos casos. A eso debemos apuntar, a ordenar y sacar del sector a quien le hace daño, no a los trabajadores de la industria, o a los verdaderos pescadores artesanales, que respetan la legislación vigente.
Cuando la actual Presidenta del país era candidata, y se reunió equivocadamente solo con una parte del sector artesanal para la elaboración de su programa de gobierno en materia de pesca, esa era la solución; y en estos momentos que se quiere transparentar al sector por medio del subsecretario de Pesca y Acuicultura, quien ha tenido el valor para enfrentar este desafío, esos mismos que en su momento apoyaban, hoy dicen que el subsecretario es incompetente y el Gobierno mentiroso.
En ese caso tenemos a la Condepp, organización que se creó polémicamente cuando comenzaba la discusión de esta ley, y que vela por intereses dirigidos sin importarles el estado de los recursos; y el señor Alfredo Irarrázaval, quien dice representar a las pequeñas industrias, siendo que la realidad es distinta, este después de tener más de 14 pequeñas empresas en su organización hoy solo representa a tres. Su mala gestión por querer entregar las pesquerías a extranjeros lo forzó a trabajar con más interés para estas empresas, que lo único que quieren es licitar nuestros recursos y entregarlas a potencias internacionales, lo que llevaría a acabar con miles de puestos de trabajos del sector pesquero, artesanal e industrial. La opinión pública debe saber que un grupo de dirigentes no menor de la Condepp y el señor Irarrázaval están paseándose por todo el país recolectando firmas para derogar la actual ley y financiados por estas empresas externas.
En Concepción, el senador Navarro, buscando votos a futuro, junto con un grupo de dirigentes de diferentes sectores, se reunieron en un hecho que llamaron histórico; claro que es histórico, primera vez que se agrupan personas ajenas, desvinculadas de nuestro sector, por cuanto en su mayoría son gente cesante que quieren eliminar una ley que en nada les perjudica, ya que la actual normativa es para los trabajadores que hoy estamos trabajando activamente en el sector, y de esos trabajadores, oficiales, tripulantes y de plantas de proceso, el 100% queremos una revisión de la ley pero no derogarla, así como lo han expresado también los representantes de los verdaderos y de más grandes federaciones de los pescadores artesanales.
En algo estamos de acuerdo con estos manipulados dirigentes, que el Gobierno debe cumplir y mejorar los beneficios sociales, implementando una verdadera plataforma social que dé solución a todos los trabajadores que han sido alejados del sector, y que hasta ahora no han recibido aporte o solución que les permita desarrollarse fuera del ámbito pesquero. En esta materia nosotros hemos sido bastante críticos, pero hemos entregado ideas de soluciones que son fundamentadas y atendibles, y no nos desgastamos en pedir una derogación como este grupo, y sin entregar alguna solución para el sector de por medio.