Ante la votación que se efectuará en el Congreso y que está destinada a anular la Ley N°20.675, actual Ley de Pesca, como Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile no podemos permanecer indiferente por cuanto afecta directamente al sector pesquero que representamos. La decisión se fundamenta en los contenidos del cuerpo legal de la llamada «Ley Longueira» que fueron «mandatados» previo pago a legisladores en el escándalo político de mayor envergadura que se ha dado en nuestro sector y que hoy tiene en tela de juicio a excongresistas, ministros y a la industria pesquera.
La pesca artesanal nacional, al igual que muchas actividades productivas del país y del mundo, están experimentando procesos trascendentes, que responden a reflexiones profundas que se han incrementado por la aparición de la epidemia mundial del Covid-19. La pandemia ha sido la gota que rebalsó el vaso, pero los procesos de cambios y nuevos planteamientos se habían dejado sentir con anterioridad, y esto se ha dado fundamentalmente porque los modelos económicos y administrativos impuestos en varios países solo han potenciado las inequidades generadas por modelos extractivistas, casi irracionales, que propenden a una utilización obscena de los recursos naturales en beneficio de unos pocos, dejando de lado posturas que apuntan al bien común. Esto no lo podemos amparar.
La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en Chile es el reflejo de este modelo económico y administrativo, que queremos cambiar a la luz de nuevos paradigmas productivos que se basen en la sustentabilidad real de la pesca y la acuicultura nacional, que además se propugnen los lineamientos de trabajo seguro y digno como propicia la OIT (Organización Internacional del Trabajo), incorporando una plataforma social que se preocupe de nuestro sector y que no siga siendo un sector marginal de la economía.
Los aires de cambio, en los modelos a nivel global, también deben materializarse a nivel nacional en lo que se refiere a nuestro sector de pesca y acuicultura de pequeña escala, por tanto, como Confepach, estamos y estaremos atentos y disponibles para participar activamente con nuestras bases en la generación de una nueva política pesquera nacional, dotada de una ley que surja de las necesidades reales del sector y que cumpla con respaldar la noble misión de alimentar a nuestra población con calidad y seguridad. Junto con ello queremos ser garantes de los aspectos positivos de la actual ley para que sean enriquecido en el nuevo cuerpo legal que se habrá de trabajar.
Nuestras aspiraciones respecto la normativa pesquera, es que esta surja de las necesidades concretas de los distintos sectores que participan de la actividad, sin que un segmento se vea favorecido por disponer de mayor capital político y económico, que como se ha demostrado, permite que los intereses particulares se sobrepongan a los intereses nacionales. Queremos miradas de dignidad y esperanza en nuestro sector, debemos renovarnos favoreciendo el recambio a nuevas generaciones, y para ello, debemos procurar que nuestro sector pesquero artesanal vuelva a ser atractivo para nuestros jóvenes y digno para aquellos que ya no están capacitados para seguir en la actividad.
Exigimos que nuestros congresistas respondan al mandato de trabajar para un sector pesquero más responsable con nuestro ambiente, más equitativo en la distribución de cuotas de captura y con prioridad a la alimentación de nuestra población.
La pesca artesanal hace pocos días demostró, que, en la unidad de nuestras bases, radica la fuerza de un control social efectivo; y este control social nos permite tener esperanzas en que las cosas se comiencen a hacer bien.