El mensaje del Ejecutivo, contenido en el proyecto que dio origen a la Ley N° 20.657 y mediante la cual se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), señalaba la necesidad de corregir varias insuficiencias existentes en la regulación pesquera. Entre estas, la recuperación de las pesquerías, el uso sostenible de los recursos pesqueros, mejorar el acceso a estos, fortalecer al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de manera de tener investigación científica de calidad y mejorar los procesos de toma de decisión, entre otros aspectos.
El mensaje hizo hincapié en la insuficiente fiscalización existente en el sector pesquero en general, poniendo especial énfasis en la pesca artesanal. Entre 2000 y 2010 el porcentaje de desembarque del mencionado sector había aumentado a más del doble, lo que evidenciaba una tendencia al crecimiento importante y hacía muy importante la fiscalización. Es así como el proyecto se hace cargo de un fenómeno mundial consistente en la pesca ilegal o pesca no reportada, la cual debe ser abordada de manera eficiente si se quiere minimizar y así conseguir, entre otros, los objetivos planteados en dicho proyecto de ley. Se trata de uno de los problemas más graves al momento de administrar correctamente el uso de las pesquerías y, en particular, si se les quiere dar un uso sostenible.
Actualmente, y en materia pesquera, el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet planteó como uno de los objetivos fundamentales atacar la pesca ilegal o el sub-reporte, pues lo anterior contribuye a una sobreexplotación de los recursos. Agrega en esta materia que “contar con una institucionalidad fiscalizadora a la altura de los desafíos es también fundamental”.
Las autoridades entienden, y han entendido, los graves perjuicios al patrimonio de todos los chilenos que significa la pesca ilegal y, para esto, es esencial tener un Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) robusto en materia de fiscalización, que cuente con recursos humanos y financieros para llegar a todos los puntos de desembarque, particularmente de aquellas embarcaciones que no cuentan con regulaciones especiales, como, por ejemplo, un posicionador satelital.
Sin embargo, el problema de la pesca ilegal, asociado principalmente a las capturas de la merluza gayi, uno de los principales recursos del sector artesanal del país, debe solucionarse con la ayuda y colaboración de todos los actores; denunciando o haciéndose parte en los procesos por infracción a la Ley de Pesca, procedimiento que está al alcance de todos. Ese es el desafío, y en la medida que no entendamos que este es un problema de todos los actores no lograremos avances sustantivos en la materia.