Hace unas semanas he concluido un intenso trabajo de asesoría de 6 meses para la construcción de la Política Nacional de Acuicultura de Perú, en el cual, a través del Programa de Innovación en pesca y acuicultura (PNIPA), me correspondió coordinar y redactar los diversos entregables que considera la Guía de Políticas nacionales de ese país, consultando a los actores públicos, privados, academia y organizaciones civiles más directamente involucrados en el sector. Falta ahora que se complete el documento final y se cumplan los últimos pasos de ratificación y aprobación en los próximos 30 a 60 días.
Desde hace más de 20 años conozco los esfuerzos de Perú por impulsar esta actividad, colaborando desde Fundación Chile y luego como especialista en aspectos estratégicos y técnicos. La evolución de la acuicultura tomó impulso desde los años 90, fundamentalmente de la mano de la concha de abanico (ostión) y el camarón blanco, pero ha sido definitivamente con la irrupción de la trucha, cuando se ha producido un despegue significativo de la actividad, junto con varias especies amazónicas producidas en emprendimientos de pequeña escala, sobresaliendo el paiche, paco y gamitana y un conjunto de otras especies en estado de desarrollo inicial y que resultan muy prometedoras desde el punto de vista de mercado.
Perú cuenta con una gran diversidad de ambientes y especies elegibles para la acuicultura, tanto marina como continental. Por otro lado, tiene la particularidad de que co – existen la acuicultura de escala comercial y la de pequeña escala dirigida al autoabastecimiento y venta en mercados locales. La primera cuenta con pocas empresas avanzadas que suelen cubrir la cadena completa de valor, en mar y sierra, en tanto la segunda la conforman más de 7.000 productores distribuidos principalmente en la selva y parte en la sierra. En suma, cuenta con gran diversidad y ventajas comparativas incuestionables, pero tiene el desafío de traducirlas en ventajas competitivas que requieren ser desarrolladas y profundizadas en un marco de sostenibilidad.
En consecuencia, la política procurará mejorar la competitividad de la cadena de valor de las diversas actividades acuícolas, las cuales, no obstante, su diversidad y grado de desarrollo, deberán avanzar a mejores niveles de innovación, productividad y competitividad. Este desplazamiento permitirá un salto significativo de esta actividad en los próximos 10 años, que debería traducirse en aumento del valor agregado y valor de ventas, tanto internas como de exportación, que triplicará el nivel actual, llegando a alrededor de 1.200 millones de dólares, y reforzará la seguridad alimentaria en regiones de la selva y sierra, con más altos niveles de formación de capital humano, tecnología y eficiencia, permitiendo que muchos micro emprendimientos avancen a pequeñas empresas con más amplios mercados y que de las pequeñas empresas, otras tantas dirijan productos al extranjero. Entre las actuales exportadoras se impulsará la consolidación y crecimiento en mercados, con apoyo al desarrollo de nuevos productos y programas de respaldo sanitario y certificaciones.
Los ambiciosos objetivos de esta política están sustentados en intervenciones profundas en la gobernanza sectorial, robustecida con mayor interacción público – privada y mayor coordinación y eficiencia de los servicios involucrados. Se considera también un fuerte impulso a la innovación y formación de capital humano, que ya venía fortalecido en los últimos dos años por el programa Nacional de innovación en pesca y acuicultura (PNIPA), con enfoque de cadena de valor y programas estratégicos de largo plazo, instrumentos de incentivo para instalación de factores habilitantes y mecanismos de financiamiento, y, un fuerte impulso a la sostenibilidad sectorial que priorizará las estrategias de adaptación al cambio climático y énfasis en economía circular, como la acuicultura multitrófica.
En este proceso de construcción de la política me correspondió entrevistar y realizar talleres con más de 100 actores relevantes del sector privado, público, academia y organizaciones civiles, constatando un alto nivel de coincidencia en la identificación del problema público y sus soluciones. Además, consideramos el trabajo previo realizado por FAO que fue un insumo valioso para este esfuerzo. Me sorprendió gratamente el nivel de autocrítica y la apertura a la cooperación público – privada y la voluntad de desarrollar programas de largo plazo focalizados. Esos elementos, sumados a las ventajas comparativas peruanas, y el compromiso país con este sector priorizado de su economía, no me deja dudas sobre la factibilidad de que se alcancen las metas concordadas por todos los actores sectoriales. En esta perspectiva, se abre una gran oportunidad de contribución de experiencia, capacidades, productos, servicios e inversión desde Chile, impulsando los esfuerzos que se han venido llevando a cabo, especialmente en el rápido desarrollo de la trucha en ese país. Perú se ha tomado muy en serio a este sector que ha priorizado, ordenando y potenciando se futuro desarrollo.