El 26 de enero recién pasado, se publicó oficialmente la nueva Política Nacional de Acuicultura de Perú (PNA), proceso en el cual tuve el honor de participar como Consultor Internacional, a través del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), actuando como responsable de la coordinación del proceso y redactor de los diversos documentos entregables que debían ser analizados y aprobados. El proceso debió ajustarse a las disposiciones y pasos dispuestos por la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) de ese país para la formulación y aprobación de políticas, siguiendo un proceso fuertemente participativo, tanto en el diagnóstico y expectativas del sector, como en la revisión y armonización de la propuesta con las demás políticas y normas nacionales, especialmente del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
A pesar de que la etapa de reuniones y entrevistas con los diversos actores relacionados con la política se efectuó en plena pandemia, ello no fue obstáculo para alcanzar una amplia participación desde las diferentes regiones, sectores y líderes de la actividad del vecino país, y que reflejan su gran diversidad geográfica, social y económica, observándose en todo momento el propósito de inclusión en las diversas fases de la consulta. El diagnóstico fue además enriquecido por la información aportada por iniciativas previas, así como un conjunto de estudios desarrollados por PNIPA en las diversas regiones del país y el aporte de la academia e instituciones técnicas y de fomento, altamente calificadas.
Si bien la acuicultura ha venido desarrollándose desde hace ya unas cinco décadas, solo en los últimos diez años ha evidenciado un crecimiento sustantivo, del orden de 12% anual, impulsado especialmente por la trucha, seguida por el langostino (camarón) y concha de abanico (ostión). La producción es desarrollada por empresas de subsistencia y de menor escala (AREL) y de pequeña escala (AMYPE) que, en conjunto representan el 98% de los derechos otorgados. Por su parte, las empresas más grandes (AMYGE), si bien contribuyen con el mayor volumen de producción, son mucho menos empresas y poseen menos derechos otorgados, configurándose un escenario con desafíos distintos para estos 3 sectores, problema del cual se hace cargo esta política a través de sus diferentes objetivos lineamientos y programas.
El diagnóstico realizado, permitió concluir que el problema público que debe resolver esta política es la “limitada competitividad de la cadena de valor de la actividad acuícola”, evidenciado en un crecimiento con baja productividad, que se explica en buena medida por una alta informalidad sectorial que alcanza a un 47%, además de una débil institucionalidad para su ordenamiento y operación y en una desaceleración del crecimiento en los años más recientes, que da cuenta de la limitada capacidad para sostener el crecimiento del sector.
Sin embargo, como se indica en la propia PNA, el incremento global y nacional de la demanda de productos de la pesca y la acuicultura, representa una oportunidad para que se exprese el potencial desarrollo sostenible de la acuicultura del Perú, pero haciéndose cargo de los nuevos e importantes desafíos que han emergido en los años como requerimientos de certificación de inocuidad y sostenibilidad; alteraciones ambientales adversas derivadas del cambio climático y necesidad de ordenar el crecimiento de la actividad acuícola de forma armónica con otros usuarios de los ecosistemas. Todos ellos demandan una Política Pública Sectorial que fortalezca y coordine la institucionalidad, impulse las capacidades científicas tecnológicas y de innovación, desarrolle recursos humanos calificados en el sector público y privado, incentive la inversión y financiamiento de infraestructura y servicios habilitantes que cierren brechas en las cadenas de valor, apoye el acceso y consolidación de empresas en mercado nacional y extranjero, y promueva el desarrollo de herramientas que fortalezcan el desarrollo sostenible y de largo plazo del sector.
La consideración del problema público y sus causas, así como las potencialidades del país, han permitido establecer que la situación futura deseada sea que “al año 2030 la acuicultura peruana será más competitiva, sostenible, resiliente al cambio climático y diversificada, incrementando el valor de sus ventas totales en más de un 100% y aumentando su porcentaje de participación en la producción acuícola de América Latina y El Caribe en más de un 50%, en un marco de institucionalidad e I+D+i coordinados, y con capacidad para contribuir a la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población”. Esta visión establece un norte claro y verificable para el país, y se sostiene también por una evaluación técnico – económica efectuada durante el proceso, que da cuenta de la alta rentabilidad social de la aplicación de esta política.
Perú inicia ahora el proceso de implementación de la PNA, materializando sus 5 objetivos prioritarios, a saber: fortalecer la gestión pública para el desarrollo de la competitividad de la cadena de valor de la Acuicultura, aumentar la capacidad en I+D+i sectorial, incrementar la inversión en los factores habilitantes en la cadena de valor del sector acuícola, consolidar la participación de las empresas acuícolas en el mercado y, fortalecer la sostenibilidad de la acuicultura.
En un país que ha sido líder en la pesca mundial por varias décadas, la consolidación de una acuicultura competitiva y sostenible aparece como un desafío que no es ajeno a su experiencia, contando con los recursos, la voluntad política transversal para acometerlo y un instrumento orientador, visionario y potente, como lo es esta política nacional de la acuicultura.