Luego que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijera a la prensa que, pese a las revelaciones de pagos de pesqueras a políticos, no se derogará la denominada «Ley Longueira», el vicepresidente de Fetramar Elqui (Región de Coquimbo) y consejero nacional de pesca, Pascual Aguilera, pidió a los partidos que remuevan a sus militantes de las comisiones de Pesca tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, si estos han sido beneficiados por los industriales o tengan pagos ilegales vía «boleteros».
«Aquí no solo se ha comprobado que políticos de diversas tiendas recibieron más de $300 millones en aportes de campaña, también se ha constatado que habían instrucciones por correo electrónico para decirles cómo votar y, lo peor de todo, es que se ha constatado que existía una verdadera ‘bancada industrial pesquera’ en la zona centro-sur», enfatizó Aguilera.
El dirigente agregó que si el Gobierno no da garantías de cambio, «al menos que el Congreso muestre decencia y saque a los parlamentarios que están decidiendo el destino de los pescadores artesanales con platas de la gran industria». A lo que añadió: «Todas las leyes que hoy se discuten en el Congreso deben paralizarse y revisarse en detalle».
En la misma línea, el representante de la Fetramar Elqui sostuvo que «queda claro» que cada aporte a políticos, ya sea por vía legal o boletas de sus asesores, «rindió frutos, porque la mayoría de ellos se instaló en las comisiones de Pesca y Hacienda para tramitar la ley y siguen allí con total descaro, incluso otros llegaron a ser subsecretarios de Pesca y Acuicultura, como (Raúl) Súnico y (Pablo) Galilea. Esto es un escándalo nacional y me niego a pensar que es una mera coincidencia».
El dirigente planteó que la mayor parte de ese listado de políticos que recibió aportes de las pesqueras sigue ejerciendo cargos de elección popular. «¿Qué tipo de reforma profunda habrá si son los mismos personajes, financiados por pesqueras y con papeles manchados, los que legislarán? Para que cambie la ley hay que sacar a esa ‘bancada industrial pesquera’ de allí», subrayó Aguilera.
En su calidad de consejero nacional de pesca, denunció que en el consejo nacional del sector el «lobby opera de manera escandalosa. Allí están instalados el ex subsecretario de Pesca y Acuicultura de (Sebastián) Piñera, propuesto por (Michelle) Bachelet (Pablo Galilea); el ex presidente de Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros) formalizado por soborno, Luis Felipe Moncada; el ex presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Carlos Recondo, también propuesto por Bachelet. Simplemente esto no da para más y esperamos cambios radicales si algo de decencia les queda a los partidos políticos», puntualizó el dirigente artesanal.
Finalmente, comentó que «por el bien del país, la transparencia y la justicia», corresponde que cada uno de los políticos en ejercicio de cargos públicos que han recibido aportes de la industria pesquera se abstengan de decidir u opinar cualquier asunto relativo a esta actividad productiva. «En estricto rigor, lo ético sería que renuncien o no repostulen, pero como lo más seguro es que no lo hagan, esperamos que sus partidos les pidan que se marginen de decidir las políticas del sector», concluyó Pascual Aguilera.