La Contraloría General de la República (CGR) reafirmó la vigencia de la Ley N° 21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y regula tanto la salmonicultura como otras actividades en zonas protegidas.
Este respaldo se enmarca en un dictamen emitido a finales de agosto y responde a una solicitud de varios diputados y representantes del sector salmonero, que cuestionaban una circular de la subsecretaría del Medio Ambiente.
La circular emitida por la Subsecretaría del Medio Ambiente detallaba las implicaciones legales de los trámites de concesión en áreas protegidas, lo que generó incertidumbre y preocupación en el sector salmonero sobre cómo afectaría la renovación y reubicación de concesiones acuícolas.
En resumen, el dictamen de la CGR concluye que el Oficio N° 234053 se ajusta a la normativa vigente y no infringe las leyes al exigir la aprobación de planes de manejo e informes previos.
«El otorgamiento de futuras concesiones en tales áreas, incluyendo tanto las solicitudes que se presenten como aquellas que se encuentren pendientes, debe sujetarse a la referida nueva normativa, la que exige contar, en lo que interesa, con un plan de manejo y con el informe previo del SBAP», explicó el informe.
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