La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció los resultados de una serie de investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, concluyendo que Chile forma parte de un grupo de economías que, a juicio de la autoridad estadounidense, no han impuesto ni aplicado eficazmente una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Como resultado de estas determinaciones, la USTR propuso establecer un arancel adicional de 12,5% para los productos provenientes de Chile y de otras economías incluidas en la investigación. Sin embargo, la medida aún no ha sido adoptada de manera definitiva, ya que será sometida a un proceso de consulta pública que contempla la recepción de comentarios escritos y la realización de audiencias antes de que la autoridad estadounidense tome una decisión final.
Según la USTR, la ausencia de mecanismos efectivos para prohibir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso contribuye a debilitar los esfuerzos internacionales destinados a erradicar esta práctica. Asimismo, sostiene que esta situación permite que empresas que utilizan trabajo forzoso produzcan a menores costos, generando distorsiones competitivas para aquellas compañías que operan bajo estándares laborales adecuados.
La autoridad estadounidense también argumenta que la falta de este tipo de prohibiciones afecta la rentabilidad de las empresas que no utilizan trabajo forzoso y facilita la elusión de restricciones ya existentes en distintos mercados.
Luego de una investigación que consideró a 60 economías, la USTR lo incorporó a Chile dentro de un grupo de 54 países y territorios que, según sus conclusiones, no han establecido ni aplicado eficazmente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Entre las economías incluidas figuran además Australia, Brasil, Colombia, Japón, Corea del Sur, Perú, Reino Unido, Uruguay y China, entre otras.
De acuerdo con el organismo estadounidense, estas situaciones generan una carga para el comercio de Estados Unidos al exponer a sus productores a una competencia considerada desleal, tanto en el mercado interno como en terceros mercados internacionales.
El proceso continuará durante las próximas semanas. La USTR informó que los comentarios escritos sobre la propuesta podrán presentarse hasta el 6 de julio de 2026, mientras que las audiencias públicas se realizarán el 7 de julio. Posteriormente, la autoridad evaluará los antecedentes recibidos antes de resolver si implementa o modifica las medidas propuestas.
Preocupación en la industria salmonicultora
Tras conocerse la propuesta, SalmonChile manifestó su preocupación por las eventuales consecuencias que un incremento arancelario podría tener para uno de los principales sectores exportadores del país.
El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, señaló que “la propuesta de arancel de 12,5% actualmente en consulta pública en Estados Unidos genera preocupación para la salmonicultura chilena, una actividad estratégica para el país y las regiones del sur. Un aumento de la carga arancelaria afectaría la competitividad del sector y profundizaría los efectos que ya ha generado el arancel vigente”.
Asimismo, agregó que “como SalmonChile, agotaremos todas las instancias disponibles dentro de este proceso para aportar antecedentes que permitan una adecuada evaluación de la situación, destacando los altos estándares bajo los que opera nuestra industria y el aporte del salmón chileno al abastecimiento del mercado estadounidense”.
El dirigente gremial también destacó que “valoramos las gestiones que está realizando el Gobierno de Chile y esperamos que se continúe trabajando coordinadamente para resguardar los intereses del sector exportador y del país”.
La propuesta de la USTR forma parte de un proceso regulatorio actualmente en desarrollo y cuya resolución podría tener implicancias para diversos sectores exportadores chilenos con presencia en el mercado estadounidense.
Fotografía: ProChile