La Comisión de Hacienda del Congreso votó ayer 28 de agosto el proyecto (boletín 8467) que traspasa la administración del borde costero y el sistema de concesiones marítimas al Ministerio de Bienes Nacionales. Lo anterior sobre la base de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Armada, que pasa por ratificar el poder fiscalizador de la institución en dicho espacio.
La discusión se venía dando al interior de la instancia que dirige el diputado, Miodrag Marinovic (Indep) desde hace varias semanas, sin lograr un acuerdo expreso sobre la materia. Ello cambió este 27 de agosto ad portas de iniciarse la votación en particular de la iniciativa, tras darse lectura a algunas de las indicaciones parlamentarias que iban en la línea de mantener el perfil fiscalizador sobre el borde costero de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar).
El subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, dijo compartir el espíritu expuesto por los legisladores y comunicó que, "tras conversaciones con representantes de la Armada, se alcanzó un consenso para presentar algunas indicaciones a la propuesta legal".
Específicamente, las indicaciones (presentadas ad referendum, dado que no cuentan aún ni con la firma del Presidente de la República ni la de los ministros) abordan tres puntos:
1. La primera establece que "las potestades conferidas por esta ley al Ministerio de Bienes Nacionales no obstan al ejercicio de las facultades de fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playa colindantes con éstas en el mar, ríos y lagos; de las rocas, fondos de mar y porciones de agua dentro de las bahías, ríos y lagos; y a lo largo de las costas del litoral y de las islas correspondientes a la Directemar".
2. La segunda indicación detalló que "corresponderá al ministerio y a la Directemar ejercer la fiscalización de las concesiones marítimas a través de inspecciones periódicas destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, su reglamento y el respectivo decreto de concesión marítima, debiendo los concesionarios otorgar las facilidades que sean necesarias para el buen cometido de esta función fiscalizadora.
Asimismo, se agrega, le corresponderá controlar y denunciar la ocupación ilegal de sectores concesionables, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la concesión o por cualquier otra causa. En sus actuaciones, los funcionarios asignados tendrían la calidad de ministros de fe".
3. Finalmente, se determinó que el Ministerio de Bienes Nacionales y la Directemar deberán suscribir anualmente convenios de cooperación y coordinación conjunta. Además, establece que la Ley de Presupuesto contemplará anualmente los recursos necesarios que se requiera para el cumplimiento de las tareas de fiscalización de las concesiones marítimas.
El Ejecutivo, para superar también otro ámbito de observaciones, se abrió a eliminar el artículo sexto de la propuesta legal, el cual indica que la "zonificación del borde costero será establecida por el Presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Bienes Nacionales mediante decreto supremo, expedido por dicho ministerio que llevará además la firma de los ministros de Economía y de Medioambiente".
Fuente: AQUA