"Siendo Chile un país dominado por su extensa costa no sería sorprendente que en ella se observen conflictos propios de una sociedad en desarrollo. Un punto de vista cínico diría que en términos estadísticos, y dada la población afectada por ellos, tales conflictos no tienen la relevancia de los que se viven en las urbes del valle central, particularmente en Santiago.
Sin embargo, las consecuencias de las controversias que se han venido produciendo en el espacio costero son de alta importancia para las comunidades que tradicionalmente han desarrollado su vida en él, así como para el desarrollo general del país. A los usos acostumbrados de ese espacio para fines portuarios, pesqueros y turísticos, se han agregado nuevas actividades que hacen uso intensivo de él, como es la instalación de ingenios energéticos que usan las aguas y terrenos costeros, actividades industriales que llevan sur riles masivos hacia las mismas aguas, así como la acuicultura industrial y el desarrollo de proyectos inmobiliarios asociados al turismo de élite. Las recientes decisiones que han adoptado organismos del Estado, tanto de la administración como del Poder Judicial, demuestran que en el manejo de la zona costera hay un conjunto de cuestiones que no han sido asumidos como para hablar de una política nacional dirigida hacia esa zona, que implique instrumentos e inversiones públicas de envergadura que hagan posible sostener ambiental y socialmente esa zona.
Recientemente la Ley General de Pesca y Acuicultura ha favorecido a los pescadores artesanales de pequeña escala con una franja reservada de una milla costera. En ese mismo espacio se encuentra reconocido el espacio costero de los pueblos originarios. Las comunidades tradicionales, asimismo, tienen derecho hacer sostenible ambiental, social y económicamente sus vidas en un ambiente sano e inclusivo. Las intervenciones e inversiones privadas afectan frecuentemente esos derechos.
Es por tanto urgente que el Estado de Chile desarrolle una política efectiva de manejo de la zona costera, con enfoque territorial y local, que supere el puro enfoque de distribución de espacios y concesiones. Para esa política no basta la mera coordinación público/privada que ha sido común a los últimos gobiernos, y la pura confianza en organismos de decisión relacionados con la Ley de Bases del Medioambiente. Hoy es necesario que la zona costera, sus comunidades y los derechos que ellos detentan sean considerados en una política efectiva de manejo de la zona costera, si es que se quiere hacer de ella un aporte sostenible al desarrollo del país. Probablemente este es un desafío para el próximo Gobierno de Chile".