Continúan las movilizaciones del sector pesquero industrial de la región del Biobío, en medio de la cuestionada discusión legislativa de la Ley de Fraccionamiento. Durante este lunes las organizaciones sindicales, que representan a más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de la pesca industrial del Biobío llegaron hasta la Delegación Regional Presidencial para entregar una carta que solicita la renuncia del ministro de Economía, Nicolás Grau y el subsecretario de Pesca, Julio Salas.
En la misiva se argumentan, entre otros puntos, que “lo ocurrido el miércoles 7 de mayo en la Comisión Mixta, cuando el subsecretario de Pesca, entregó información falsa sobre las capturas de la empresa PacificBlu, constituye un hecho gravísimo y escandaloso. Deja en evidencia el desinterés, la falta de rigor y el desconocimiento absoluto de las actuales autoridades frente a la realidad de los trabajadores del Biobío, además de comprometer seriamente la transparencia del debate legislativo”, sostiene el documento.
“Dijeron que iba a ser una ley prístina, transparente, de cara al país, y hoy, de cara al país, le han mentido a Chile y al poder legislativo, vulnerando una cifra con el objeto de sacar adelante sus propuestas (…). Nosotros no podemos aceptar que siga a la cabeza de este proyecto de ley, ni el ministro Grau, ni el Subsecretario de Pesca, eso sería inmoral y carente de ética. Deben renunciar, este proceso debe seguir con otras autoridades, que sí tengan la confianza de la ciudadanía”, manifestó el presidente Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca Industrial del Biobío, Juan Carlos González.
Los dirigentes consideran que la discusión de la nueva Ley de Pesca, y en particular la Ley de Fraccionamiento, ya se encuentra «irremediablemente manchada por vicios evidentes de legitimidad y una moral profundamente cuestionable, considerando la gravedad de los actos protagonizados por las máximas autoridades pesqueras del país».
“Lamentamos que por culpa de una idea errónea de equilibrio entre ambos sectores se esté jugando con los empleos de miles de familias de las plantas de procesos y también de embarcados (…) Nosotros ya no confiamos (…) exigimos la inmediata renuncia del ministro de Economía, y del subsecretario de Pesca. Se está jugando con la vida y proyectos de miles de trabajadores y trabajadoras que lo han pasado realmente mal”, indicó la presidenta Fesip Biobío, Juana Silva.
Además, hacen un llamado a los parlamentarios liderados por el diputado Jorge Brito “para que tomen conciencia, que se saquen la venda de ideologías del pasado. No somos sus enemigos somos un sector que entrega empleos dignos y de calidad, actividad comercial, encadenamiento productivo. Basta ya de las siete familias, no nos importa eso, somos los y las trabajadoras las que están sufriendo” agregó.
Tal como señala la carta entregada “desde un comienzo, las propuestas de Nueva Ley de Pesca y de Ley de Fraccionamiento han estado cruzadas por una mirada ideologizada, por verdades a medias y por declaraciones que, sin disimulo, desprecian el trabajo que realizamos miles de hombres y mujeres en la pesca industrial”. Ahora, los dirigentes exigen que en la comisión de este martes 13 de mayo se discuta nuevamente el fraccionamiento de la merluza común y se restituya la veracidad y justicia.
La dirigente sindical de Planta de Congelados Blumar, Zenaida Reyes, quien lleva más de 25 años en el rubro. “Estamos nuevamente con la incertidumbre y nuevamente tenemos que salir a la calle para defender nuestros puestos de trabajo. Es totalmente injusto cuando una ya tiene un trabajo estable gracias a luchas sindicales que hemos llevado por años. Harto nos ha costado mantener nuestros puestos laborales, con buenos contratos, sueldos dignos, para que venga esta Ley de Fraccionamiento ideológica y nos ponga en riesgo”.
El documento fue firmado por diez organizaciones de la región, entre sindicatos, federaciones y una asociación gremial. En él, se reflexiona y exigen medidas: “lo ocurrido no puede quedar impune. Del mismo modo, demandamos que el Gobierno instruya una revisión exhaustiva de todos los informes entregados por la Subsecretaría de Pesca al Congreso, y de toda la discusión legislativa. Después de lo sucedido, no existe ninguna garantía sobre la veracidad de esa información, y cualquier decisión basada en ella, carece de legitimidad”, finaliza la carta entregada en la Delegación Presidencial del Biobío, donde solo fueron recibidos por la jefa de Gabinete, Viviana Cornejo.
Fotografía: Fesip Biobío.