A pocos días de que asuma el nuevo subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, el Personal Embarcado Industrial del Biobío reiteró su disposición a colaborar con las nuevas autoridades, pero llamó al gobierno entrante a dar a conocer con urgencia cuál será la política pública para enfrentar la crítica situación que atraviesa el sector pesquero nacional.
“Estamos esperanzados y llanos a colaborar con nuestras autoridades. Tenemos conocimiento técnico, experiencia en el mar y una visión directa de lo que está ocurriendo. Pero necesitamos saber cuál es el plan. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo se va a enfrentar la emergencia que vive hoy el sector pesquero?”, señalaron desde la organización.
Enfatizaron que el momento que atraviesa la actividad pesquera exige definiciones estratégicas y una política pública clara que entregue certezas en un contexto marcado por cambios normativos, debates estructurales y amenazas internas y externas.
Amenaza interna: golpes a la línea de flotación de la industria
Entre los principales factores internos de preocupación se encuentra la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducido en la Ley 21.752, aprobada en 2025, que reduce las capturas industriales y aumenta las artesanales en especies clave como anchoveta, sardina común, merluza común y jibia.
A ello se suman las demandas interpuestas contra el Estado por empresas como Camanchaca y Blumar, derivadas de estos cambios regulatorios, así como la discusión en curso sobre la posibilidad de que el 50% de las cuotas de pesca industrial sea asignado mediante licitaciones, manteniendo solo el otro 50% bajo criterios históricos.
“Estas decisiones son golpes directos a la línea de flotación de la industria y, por consiguiente, a sus trabajadores. Las licitaciones masivas son una amenaza real al empleo, al valor de las empresas y a la estabilidad de miles de familias del Biobío”, advirtieron.
Amenaza externa: flota china y sobreexplotación en alta mar
A las definiciones internas se suma una presión internacional creciente. Un informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) señala que en 2024 operaron 528 buques poteros de aguas distantes en el área de la OROP-PS, el doble que hace una década, concentrando el 98,7% de la pesca de calamar en alta mar del Pacífico Sudeste. El estudio advierte que estas flotas —principalmente de bandera china— operan bajo estándares de control menos exigentes que los aplicados dentro de zonas económicas exclusivas como la chilena.
La investigación subraya que la sobreexplotación en alta mar puede debilitar las medidas de conservación nacionales y afectar la estabilidad económica del sector. En 2024, Chile exportó jibia por US$178 millones, un 56% más que el año anterior, pero el informe alerta que la falta de controles efectivos y el aumento de recaladas de estas embarcaciones en puertos chilenos – de menos de diez en 2024 a cerca de 180 en 2025 – configuran un escenario que exige atención y definiciones claras.
“Lo que más se necesita es trabajo”
Desde el Personal Embarcado Industrial insistieron en que el país enfrenta una verdadera emergencia pesquera, donde convergen incertidumbre jurídica, cambios regulatorios estructurales y presiones internacionales que amenazan la sostenibilidad del sector.
“Lo que más se necesita hoy es trabajo. Trabajo estable, formal, reglas claras y una política pública coherente. No podemos seguir avanzando sin una definición clara del rumbo”, señalaron.
Los trabajadores reiteraron su voluntad de diálogo y colaboración técnica con el nuevo subsecretario, pero insistieron en que no hay tiempo que perder.
“El sector pesquero no puede seguir operando en la incertidumbre. Necesitamos saber cuál es el plan del gobierno para proteger el empleo, asegurar la sustentabilidad del recurso y defender nuestra soberanía frente a la sobreexplotación en alta mar. La emergencia es real y las familias no pueden seguir esperando”, expresaron.
Fotografía: Personal Embarcado Industrial.