FoodCorp Chile, pesquera de capitales noruegos y parte del grupo Austevoll Seafood, anunció que se sumará a las demandas contra el Estado de Chile por los efectos de la Ley de Fraccionamiento, normativa que —según la empresa— redujo sus cuotas de pesca y afectó asignaciones vigentes hasta el año 2032.
La compañía, con presencia en la ciudad de Coronel (región del Biobío), desde hace más de 20 años, informó que ya concluyó el análisis jurídico y legal de los impactos de la legislación impulsada por la administración saliente, decisión que derivó en la presentación de una acción judicial por los efectos patrimoniales y económicos que habría generado la nueva normativa.
El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch Coello, explicó que la demanda fue preparada por el estudio jurídico Montt y Compañía, y se sustenta en fundamentos similares a los planteados en acciones legales presentadas por otras compañías del sector, como Camanchaca, Landes y Blumar.
“Nuestro sector tiene la convicción de que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por ley hasta 2032”, afirmó el ejecutivo.
Impacto en cuotas de pesca e inversiones
Según explicó la empresa, las cuotas de pesca o porcentajes de asignación han sido construidas por las compañías pesqueras a lo largo de su historia y funcionan de manera similar a concesiones. En el caso del sector pesquero chileno, estas asignaciones fueron establecidas por 20 años en 2012, con posibilidad de renovación.
“El Estado de Chile, con la Ley de Fraccionamiento, desconoció este hecho y reasignó participaciones sin considerar que se habían realizado inversiones y una planificación de largo plazo. Todo eso fue ignorado por la institucionalidad chilena. En nuestro caso, estimamos una pérdida superior a los US$100 millones, monto que esperamos recuperar al término de este juicio”, señaló Daroch.
La compañía también cuestionó que la ley incorporara un impuesto exclusivo para la región del Biobío, asociado a la compra de cuota internacional de jurel, lo que —según indicaron— generaría mayores restricciones operacionales y un aumento significativo en los costos de la actividad.
Preocupación por la seguridad jurídica
FoodCorp Chile forma parte del grupo Austevoll Seafood, conglomerado pesquero con sede en Noruega y operaciones en ese país, además de Reino Unido y Perú.
El CEO de la compañía manifestó preocupación por el impacto que la normativa podría tener en la confianza de inversionistas internacionales. “El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y a la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores. Por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó Daroch.
Fotografía: Archivo FoodCorp Chile.