(El Pingüino) A mediados de 2013, el entonces alcalde de Punta Arenas (Región de Magallanes), Emilio Boccazzi, logró acuerdos con las pesqueras Comtesa y Namaro para la compra de los terrenos ubicados en plena Costanera del Estrecho, para la implementación del edificio consistorial. Sin embargo, el director y socio de Comtesa, Humberto Camelio, aseguró que la compañía enfrenta falta de capital tras adquirir una planta para trasladarse, luego de acordar la venta de la actual locación al municipio.
Humberto Camelio recordó que varias veces cuestionó la voluntad del municipio de realizar ahí la construcción. Trasladar su planta, que procesa 10.000 toneladas al día de centolla ‒toda para exportación en conserva‒ sería caro y engorroso, pero finalmente hubo acuerdo.
El acuerdo se selló y el empresario invirtió más de $500 millones en la compra e implementación de otra planta en el radio urbano. El 4 marzo de 2014, el proyecto era aprobado por el Consejo Regional (CORE) en una de las últimas sesiones antes del cambio de mando de Gobierno y consejeros.
No obstante, en septiembre de ese año, sin que se concretara la venta del terreno, la comunicación con el municipio se cortó.
Fue entonces cuando Comtesa vio complicada su caja. A la espera de una respuesta por la millonaria inversión realizada, Camelio se vio en problemas para pagar a los más de 400 pescadores artesanales que le proveen de materia prima.
“Yo invertí con plata que no tenía. Hubo un apretón de manos, hubo una carta de intenciones del alcalde Boccazzi y, después, pasó el CORE y eso está congelado”, sostuvo Camelio.
La empresa, que cada año transaba cerca de US$12 millones anual, bajó en 2014 a US$6 millones. Camelio pudo pagar sueldos, imposiciones e impuestos, pero no sabe si podrá retomar la producción.
En el actual CORE, en tanto, se alzaron voces que cuestionan el proyecto aprobado en la anterior administración. Una de ellas es la de Roberto Sahr, quien a días de asumir su cargo, llamó a los anteriores CORE a “abstenerse por ética”. Criticó la inversión de más de $2.000 millones “en demoler un edificio”.
Además, reconoció que ha hecho gestiones para revocar el acuerdo del CORE anterior, amparado en un dictamen de Contraloría que describe que se pueden revisar dichos compromisos.
En tanto, otras voces de alerta han surgido en el Concejo Municipal de Punta Arenas donde, en agosto pasado, se cuestionó si existían ofertas más económicas. Terrenos de propiedad de la familia Nandwani habrían sido ofertados por un monto considerablemente menor.