En el marco de AquaSur 2026, el panel “Desafíos regulatorios para el crecimiento sostenible de la acuicultura” reunió a actores del ámbito público, gremial, académico e internacional para analizar el escenario normativo que enfrenta la actividad y su impacto en la inversión, la planificación territorial y la competitividad.
La instancia fue moderada por el ex Contralor General de la República y socio fundador de Momag Abogados, Ramiro Mendoza, y contó con la participación del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia; el gerente Corporativo y Compliance del Consejo del Salmón, Rodrigo Pinto; la asesora jurídica de SalmonChile, María Alicia Baltierra; la abogada de Acuiestudios y del Centro INCAR, Dra. Jessica Fuentes; y el Oficial de Acuicultura de la FAO para América Latina y el Caribe, Dr. José Aguilar.
Al abordar el impacto de la Ley SBAP y su proceso de implementación, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, puso énfasis en las complejidades que presenta la normativa, tanto en su diseño como en su aplicación práctica, manifestando que “cuando uno mira la ley, es extremadamente compleja, es un ladrillo, con muchos problemas. No es una buena ley desde el punto de vista de la técnica legislativa, tiene muchas áreas grises en las distintas categorías de protección que crea, y en muy pocas está realmente claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo cual genera obviamente un alto grado de incerteza para los inversionistas y también para la industria acuícola”.
En esa línea, profundizó en el rol clave que tendrán los reglamentos en la operatividad de la ley, destacando el enfoque que buscará impulsar la actual administración. La ley le “entrega a los reglamentos gran parte de su implementación, por lo tanto lo que diga ese reglamento es clave para determinar qué se va a poder hacer en cada una de esas áreas. Por eso aquellos estatutos que no han sido ingresados o que están en proceso los vamos a revisar completamente, los vamos a transparentar y vamos a trabajar con la industria, con el sector privado y con otros actores, para recibir sus comentarios, sus experiencias y sus observaciones, tal como se hacía antes”.
Desde una mirada internacional, el Oficial de Acuicultura de la FAO para América Latina y el Caribe, Dr. José Aguilar, abordó los desafíos regulatorios en la región y las condiciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sostenible, explicando que “existen muchos marcos regulatorios a nivel internacional, pero en general son heterogéneos, muchas veces desactualizados y sobre todo fragmentados. En muchas instancias es común encontrar que no existe mucha sinergia intra e interinstitucional, y ese es un factor clave que se tiene que fortalecer si queremos avanzar en crecimiento productivo asegurando sostenibilidad ambiental”.
Asimismo, relevó la importancia de integrar el ordenamiento territorial y la gobernanza participativa como elementos estructurales del desarrollo acuícola, manifestando que “un principio esencial en el ámbito de la gobernanza es la planificación espacial y el ordenamiento territorial desde un enfoque ecosistémico, es decir, no solo monitorear los centros de cultivo, sino también considerar áreas completas donde estos interactúan. A esto se suma la necesidad de una gobernanza participativa con todos los actores relevantes, especialmente las comunidades locales que viven directamente los beneficios o los impactos de estas decisiones”.
En materia de ordenamiento territorial, la asesora jurídica de SalmonChile, María Alicia Baltierra, planteó que uno de los principales obstáculos para el desarrollo del sector radica en la falta de coherencia normativa y en la ausencia de una definición estratégica clara.
“Más allá de las normas jurídicas que se puedan establecer, también hay un tema de decisión política, una decisión de Estado de avanzar. En el último tiempo, en lugar de desarrollar la salmonicultura con certeza, lo que hemos tenido es una acumulación de regulaciones, una tras otra, que en muchos casos han terminado paralizando procesos como concesiones y relocalizaciones”, explicó.
En ese contexto, advirtió que “aun cuando existen normas que podrían permitir avanzar, en la práctica los procesos quedan detenidos, ya sea por falta de implementación o por decisiones administrativas, generando una incertidumbre jurídica total. Eso demuestra que no basta con dictar normas, sino que se requiere una voluntad efectiva de avanzar como país en el desarrollo de esta actividad”.
Por su parte, la abogada de Acuiestudios y del Centro INCAR, Dra. Jessica Fuentes, profundizó en las debilidades estructurales del sistema regulatorio, apuntando a problemas tanto de diseño como de implementación, expresando que “tenemos un problema de superposición de autoridades y de ordenamiento territorial, pero también una falta de definición en aspectos clave como la gradualidad y la transición. A esto se suma que distintos organismos del Estado persiguen objetivos distintos, lo que genera una falta de coordinación que termina entrampando los procesos y dificultando la viabilidad de los proyectos”.
Asimismo, abordó los desafíos asociados a nuevas normativas y su aplicación, manifestando que “no se trata solo de dictar nuevas leyes, porque muchas veces el problema está en cómo se implementan. Si no se define claramente el objeto de protección y los criterios de aplicación, se corre el riesgo de que cada organismo interprete de manera distinta, generando más incertidumbre y dificultando la ejecución de proyectos, tanto nuevos como existentes”.
Finalmente, el gerente Corporativo y Compliance del Consejo del Salmón, Rodrigo Pinto, abordó la evolución del marco regulatorio desde la perspectiva del sector productivo.
“Lo que tenemos hoy es una densificación regulatoria construida por capas. Primero hubo una capa de fomento en los años 80 y 90, luego una capa sanitaria y después una capa ambiental, pero todas se fueron construyendo sin compatibilizarse entre sí, lo que ha generado confusión, sobreposición de normas y un escenario cada vez más complejo para la industria”.
En esa línea, enfatizó la necesidad de avanzar hacia un cambio en la política pública, expresando que “la industria no requiere más capital ni más capacidades, pese a que por cada ciclo se invierten millones de dólares. Lo que se requiere es cambiar la política pública, porque hoy no existe una política de Estado clara respecto del desarrollo de la salmonicultura, y lo que se necesita son cambios regulatorios bien pensados, de baja intensidad pero de alto impacto, especialmente a nivel reglamentario”.
Las intervenciones coincidieron en que el principal desafío para la acuicultura chilena no es únicamente la cantidad de normas, sino su coherencia, claridad y capacidad de articulación. La falta de certeza jurídica, la superposición regulatoria y la débil coordinación institucional se posicionan como factores críticos para el desarrollo del sector, en un escenario donde avanzar hacia un marco normativo más predecible aparece como condición clave para un crecimiento sostenible.
Fotografía: B2B Media Group
