Escapes de peces: Mayor fiscalización y control

Escapes de peces: Mayor fiscalización y control

Hoy, las autoridades están mucho más coordinadas y atentas a cualquier evento que pudiera ocasionar un impacto el entorno, como son los escapes de salmónidos. También se están discutiendo reformas legales que buscan un mayor control frente a estos hechos.

Un problema que transciende a la salmonicultura a nivel global son los escapes de peces. Desde los inicios de la industria –tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur–, siempre se han producido este tipo de incidentes, en mayor o menor magnitud. Lo cierto es que en los últimos años ha crecido la preocupación frente a ello. Las autoridades locales y ambientales, así como los legisladores, están más exigentes, como una forma de responder también a las demandas ciudadanas que no ven con buenos ojos los impactos que producen las actividades industriales en el medio.

Un hecho que marcó un precedente en este ámbito fue el ocurrido en marzo de 2018, cuando el Estado de Washington (Estados Unidos) aprobó una legislación que prohibió la producción de salmón Atlántico (Salmo salar) en sus aguas. Ello, luego de que, a mediados de septiembre de 2017, se produjera un escape de entre 160.000 y 263.000 peces desde un centro de cultivo de la empresa Cooke, en la zona de Cypress Island (Puget Sound).

La decisión de Washington fue noticia en todos los países salmonicultores, quienes vieron con preocupación las consecuencias que un escape de peces estaba provocando. La empresa afectada –que podrá operar en dicha zona solo hasta 2025, que es cuando vence su última concesión– manifestó que respetará la determinación, aun cuando dijo sentirse decepcionada por el hecho de que aquí, según su apreciación, se hayan ignorado criterios científicos.

Chile no escapa a esta realidad. La industria salmonicultora que opera en las regiones del sur también ha tenido eventos de esta naturaleza. El más recordado, de los últimos tiempos, es el que afectó a Mowi Chile (Ex Marine Harvest) el 5 de julio de 2018 cuando desde su centro de cultivo Punta Redonda –cerca de la Isla Huar (región de Los Lagos)– escaparon alrededor de 690.000 ejemplares de salmón Atlántico (Salmo salar). Ello debido a los daños que sufrió la estructura a causa de un fuerte temporal de viento puelche. En la ocasión, la compañía inició una inmediata campaña de recaptura, junto con pescadores artesanales, alertando, además, que los peces no eran aptos para consumo, puesto que no cumplían con los estándares de trazabilidad e inocuidad animal.

El 26 de diciembre del mismo año, también debido a evento inusual de marea y corrientes, se reportó un escape de 26.830 salmones desde el centro de cultivo Tubildad –ubicado en las cercanías de Quemchi (región de Los Lagos)– perteneciente a Ventisqueros. “Se trata de un escape menor que involucró a peces en proceso de cosecha y libres de antibióticos”, dijo la compañía en un comunicado.

Consecuencias

Los dos casos ocurridos en Chile el año pasado fueron seguidos con atención, desde el primer momento, por las autoridades sectoriales, principalmente, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), las cuales tuvieron una rápida reacción.

En el caso del escape de Mowi Chile, la SMA dispuso “medidas provisionales”, así como algunas “medidas urgentes y transitorias” –que requieren de consulta al Tribunal Ambiental –, como fue la detención de la operación del centro por un periodo de tiempo. De igual forma, se inició un “procedimiento sancionatorio” debido a algunos incumplimientos respecto de lo descrito en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del centro. Uno de los hechos constitutivo de infracción fue considerado como “gravísimo”, por lo cual la empresa podría sufrir sanciones que consideren la revocación de la RCA, la clausura o bien una multa de hasta 10.000 UTM. Frente a ello, la salmonicultora presentó descargos, los cuales han sido objeto de análisis por varios meses. Lo cierto es que prontamente debería ser emitido el dictamen de la SMA, frente al cual, si la empresa no está de acuerdo, puede acudir al Tribunal Ambiental e, incluso, hasta la Corte Suprema.

Sobre este caso, el gerente general de Mowi Chile, Fernando Villarroel, ha expresado que “confiamos en el sistema judicial chileno y esperamos que las autoridades apliquen con nosotros los mismos estándares que aplicarían con cualquier empresa nacional”. Añadió que “presentamos nuestros descargos y estamos muy confiados en lo que hemos hecho. Actuamos con total transparencia y tomamos medidas tal vez inéditas para la industria, como fue el involucramiento de pescadores artesanales en la recaptura, así como la implementación de un programa de monitoreo de corto y largo plazo que hemos establecido en el estuario de Reloncaví. Lo cierto es que pretendemos seguir todos los procesos legales que existan”.

En cuanto a Ventisqueros –debido a la menor cantidad de peces escapados–, la SMA determinó solo medidas provisionales y cierto plazo para dicho cumplimiento. Las medidas tenían que ver con realizar inspecciones en la playa de Quemchi para poder descartar mortalidades y, en caso de que las hubiera, efectuar la disposición final. También evaluar la zona y realizar recaptura. En marzo de 2019, la SMA resolvió que las exigencias habían sido cumplidas.

Además de las acciones de la SMA, Sernapesca tuvo la misión de contabilizar las recapturas en ambos casos. Ello con el fin de ver si es que las empresas cumplieron con lo plasmado en el Artículo 118 quárter de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que establece que se debe recapturar al menos el 10% del total escapado para que no se presuma daño ambiental. Ello en un plazo de 30 días desde que se produjo la emergencia, prorrogable por una vez, en los mismos términos.

Respecto de Marine Harvest, se acreditó una recaptura de alrededor de 38.200 ejemplares, lo que equivalía al 5,54% del total escapado, por lo cual se determinó la presunción de daño ambiental. En el caso de Ventisqueros, se acreditó que la firma logró recapturar 3.424 peces, lo que representó alrededor del 12% del total, por lo cual se no configuró la presunción de daño ambiental.

Minimizar los riesgos

Frente a estas situaciones, el seremi de Medio Ambiente de la región de Los Lagos, Klaus Kosiel, comenta que hay que trabajar para que no se vuelvan a repetir. “Históricamente, ha habido cierto acostumbramiento y una normalización de los escapes de salmónidos en esta región. Sin embargo, desde el año pasado, cuando ocurrió el escape masivo, se comenzaron a tomar cartas en el asunto para que la fiscalización sea rápida y se generaran las acciones legales correspondientes, con el fin de obligar a las empresas a hacerse cargo de sus impactos”, mencionó.

De acuerdo con la autoridad, la agilidad mostrada por las entidades públicas tuvo que ver también con la constitución, el año pasado, del Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales (CIICA), presidido por Sernapesca, y que incluye también a la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Salud, la Dirección Zonal de Pesca, la SMA, el Instituto de Fomento Pesquero y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Esta instancia fue creada a nivel central a partir de una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, y replicada con éxito en la región de Los Lagos.

El seremi recalca que “las empresas deben hacerse responsables de sus impactos en el medio ambiente”, añadiendo que “situaciones como los escapes de peces se deben ir disminuyendo. Entendemos que en el mar siempre pueden haber accidentes, pero las empresas deben contar con planes de contingencia que eviten impactos, sobre todo cuando se produce en un sustrato que es un bien nacional de uso público, como es el mar”.

El director regional de Sernapesca, Los Lagos, Eduardo Aguilera, destaca la importancia de que las compañías conozcan y respeten lo dispuesto en sus RCA, puesto que es allí donde cada centro de cultivo debe tener escrito el plan de contingencia que aplicará en caso de escapes de peces. “Cada empresa ha declarado lo que hará. Si su plan dice que en las siguientes 48 horas va a capturar los peces escapados mediante red de cerco en un radio de 5 km, entonces es eso lo que nosotros vamos a fiscalizar”, ejemplifica, recordando también la exigencia de la LGPA respecto a la necesidad de recapturar al menos el 10% para que no se presuma daño ambiental.

Sobre este último punto se ha generado algo de discrepancia, puesto que ese 10% puede variar bastante dependiendo de la cantidad de peces liberados. Aquí, el seremi de Medio Ambiente expone que “estamos de acuerdo con que puede ser relativo, pero es lo que establece la ley y es sobre eso que los servicios públicos deben operar”. Recuerda también que “el Poder Ejecutivo implementa las leyes, pero estas son generadas por el Poder Legislativo. De ese modo, son los congresistas los que tienen que analizar y generar los acuerdos necesarios para mejorar las normas”.

Proyecto de ley

Los casos que se produjeron en 2018 también dieron pie a que se impulsara en el Congreso Nacional una iniciativa que buscaba permitir que los salmones escapados desde centros de cultivo sean capturados por la pesca artesanal, pero que se ha ido ampliando, cubriendo también otros aspectos vinculados a los escapes de peces. En marzo de 2019, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar esta moción presentada, originalmente, por el diputado Juan Morano.

¿Qué contempla el proyecto? En primer término, autoriza a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal a extraer salmónidos presentes en el área marítima correspondiente a su región, declarándolas al Sernapesca. Según lo explicado, cuando se produzca un escape, habrá una prohibición de la captura de dichas especies mientras dure el plazo que la empresa afectada tenga para su recaptura. Vencido dicho plazo, las especies escapadas adquieren la condición de animales bravíos, permitiéndose su extracción y comercialización por parte de los artesanales.

De igual manera, se establece que la sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con las penas establecidas en el Código Penal (presidio mayor en su grado mínimo, de cinco años y un día a diez años) y que con la misma pena “se sancionará la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares”.

La iniciativa también considera que, producido el escape en un centro de salmónidos, y para los efectos de cumplir con el porcentaje de recaptura exigido, el titular del centro podrá establecer un contrato con organizaciones de pescadores aledañas a la instalación y se generará una autorización transitoria a los socios con el objeto de que participen en estas faenas. Aquí, se puntualiza que los recursos capturados deberán ser entregados al titular del centro siniestrado.

El proyecto también expresa que las empresas que administren un centro de cultivo deberán mantener actualizada una declaración sobre las condiciones de seguridad de sus instalaciones, bajo la forma y consideraciones que fije un futuro reglamento dictado por la autoridad competente, en un plazo de doce meses desde la publicación de la ley. Asimismo, se subraya que, en caso de que el titular de una concesión o autorización de acuicultura declare o denuncie falsamente un escape de especies, este será condenado con presidio menor en su grado máximo y con una multa de 100 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Si resultara condena por los hechos antes descritos, caducará la concesión, de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 18.892.

Como se puede apreciar, el control, la fiscalización y sanción ante escapes de peces y situaciones relacionadas claramente va en aumento. Con esto, las autoridades y los legisladores persiguen que las empresas productoras minimicen al máximo los riesgos y que respondan ampliamente en caso de que, a pesar de los esfuerzos, estos hechos se produzcan.