Revista Aqua Nº239

septiembre de 2020

Pesca artesanal: Avances y desafíos en materia de caducidades

Desde hace un par de años, las caducidades en el Registro Pesquero Artesanal están complicando la actividad de los pescadores, quienes hoy se enfrentan a una nueva problemática producto del Covid-19. Los últimos días, sin embargo, se despachó una ley que aborda justamente esta materia.

El 26 de agosto pasado, el Congreso Nacional despachó a ley el proyecto del Gobierno que apoya al sector pesquero artesanal frente a las complicaciones generadas por la pandemia del Covid-19 sobre la actividad. Entre otros puntos, la norma posterga la obligación de los pescadores de instalar cámaras a bordo de sus embarcaciones hasta enero de 2024 y, además, suspende las caducidades en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), instrumento que posibilita las operaciones cotidianas del sector, hasta diciembre de 2022.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, comentó que el proyecto tiene por objetivo “permitir al sector artesanal proyectarse para seguir desarrollando su trabajo, contribuyendo así a la recuperación del sector y al sustento de sus familias”. Recientemente, esta propuesta ya fue publicada en el Diario Oficial.

En términos de caducidades, específicamente, la iniciativa establece un aplazamiento de estas hasta el 31 de diciembre del año 2022. Asimismo, en el caso de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Amerb) que estén con causales de caducidad se suspenderán estas acciones hasta el 31 de diciembre de 2021. Cabe destacar que, al suspenderse las caducidades en el RPA, los pescadores podrán seguir ejerciendo sus labores, en un momento en que la continuidad de las operaciones es clave para contribuir al sustento de la actividad artesanal.

El avance de este proyecto de ley ha causado diversas reacciones en el sector pesquero nacional. Son varias las agrupaciones y organizaciones que se han manifestado sobre este tema, valorando que se esté abordando, por fin, el tema de las caducidades –que por varios años ha estado complicado al sector–, pero exponiendo también sus dudas y recomendaciones para avanzar hacia una normativa que cuente con un amplio respaldo de las actividades relacionadas con el mar que, sin duda, se han visto afectadas producto de la pandemia.

La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), por ejemplo, valora la iniciativa, pero solicita al Gobierno, además, un plan de reactivación económica para el sector pesquero nacional. Desde el gremio, su vicepresidenta, Zoila Bustamante, comenta que, en el caso de las caducidades, desde hace mucho tiempo han estado en desacuerdo con algunas causales, promoviendo su derogación tanto en el proyecto de “ley corta” como en el de la “ley bentónica”.

De acuerdo con la dirigenta, ellos seguirán impulsando la derogación de las causales que golpean en mayor medida a los pescadores, destacando que la Comisión de Intereses Marítimos del Senado ya habría aprobado la eliminación de estas cláusulas en la “ley corta”. Se trata de la caducidad de inscripciones artesanales por no mantener requisito de inscripción (Art. 55 Letra d) y la caducidad de armador artesanal por no contar con certificado de navegabilidad vigente por más de tres años (Art. 55 Letra f).

“Actualmente, cuando a un pescador artesanal o un buzo no se le renueva su matrícula respectiva por la Autoridad Marítima– ya sea por motivos de salud o edad– pierde el requisito de inscripción en el RPA y caduca su inscripción. Si, además, el pescador o el buzo son armadores artesanales, la caducidad de la inscripción de pescador o buzo trae aparejada la caducidad como armador. Por otro lado, se sanciona con caducidad al armador cuya nave no cuente con certificado de navegabilidad al día vigente por tres años consecutivos. Esta causal sanciona con la pérdida del acceso a las pesquerías. Se ha señalado que no tener navegabilidad al día afecta la seguridad de la navegación y la autoridad no otorgará el zarpe, pero en ningún caso justifica la pérdida del acceso a las pesquerías”, expone Zoila Bustamante.

Desde la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), su presidente, Marcelo Castillo, concuerda con que las caducidades que más afectan al sector tienen relación con la mantención de la operación con los permisos habilitantes. “Esta situación determina efectuar inversiones para lograr las habilitaciones, lo que en muchos casos, debido a las dificultades económicas y sociales que enfrenta nuestro sector, se hace imposible de cumplir. Las medidas necesarias para lograr, por ejemplo, los certificados de navegabilidad, son de alto costo, ya que se incrementan, cada vez más, los requisitos para su obtención”.

En este sentido, la Confepach reitera la necesidad de renovar el RPA, pero con medidas dignas de salida para los pescadores de mayor edad, enfatizando que “la Confederación siempre ha estado disponible para que se perfeccione y renueve el registro en atención al envejecimiento de los actores que en él se encuentran, situación que limita la renovación de los pescadores artesanales en las principales pesquerías reguladas. Sobre este punto, siempre hemos planteado que la renovación del registro debe contemplar un incentivo de salida para aquellos pescadores que por edad o enfermedad ya se encuentran impedidos de realizar el esfuerzo pesquero”, afirma Marcelo Castillo.

Principales solicitudes

Lo cierto es que la situación no ha estado fácil. Si bien el RPA rige para todas aquellas embarcaciones y pescadores que declararon actividades pesqueras extractivas por tres años consecutivos, por ley, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en el mes de junio de cada año debe declarar la caducidad de las inscripciones en el caso de que se den los supuestos para esta medida. En esa línea, durante los años 2014 a 2018 se caducaron más de 30.000 inscripciones artesanales por causales como no ejercer la actividad durante tres años o, en el caso de los armadores, no contar con el certificado de navegabilidad vigente por más de tres años.

Desde esta perspectiva, los pescadores artesanales y gremios del sector han solicitado reiteradas veces la extensión de plazos en materia de caducidad de las inscripciones en el RPA, con el fin de que armadores y titulares de áreas de manejo cumplan con determinados requisitos legales. En esta misma línea, piden la ampliación para el ingreso de personas más jóvenes al registro.

Desde la Conapach, sostienen que la principal preocupación es que las caducidades no han ido de la mano con la apertura de vacantes en las pesquerías, reduciéndose forzadamente el sector artesanal y dejando como ilegales a un número importante de pescadores a quienes no se les ha dado la posibilidad de inscribirse. Zoila Bustamante explica que “la pesca artesanal espera que exista un sistema expedito de entrada y salida de las pesquerías, que permita que las nuevas generaciones puedan ingresar a la actividad de manera formal. Además, esperamos que las organizaciones asuman roles activos en la definición de las vacantes por pesquería y categoría”.

“La llamada limpieza del registro es un error de visión de la autoridad, ya que esta se realizó entre los años 2014 y 2018 y ahora estamos sufriendo el proceso contrario, ya que todas las nuevas generaciones de pescadores artesanales están fuera de las pesquerías principales y lo que estamos exigiendo es la apertura de los registros en el país, de acuerdo con las realidades pesqueras, económicas y sociales de cada pesquería. Por esto, es fundamental que la ley asegure a los pescadores propiamente tales que su habitualidad en la actividad pesquera será considerada dentro de los criterios de prelación para optar a la categoría de armadores y que no solo se estimulará el acceso a esta categoría por la vía de la compra de la inscripción artesanal, denominada reemplazo”, agrega.

Por su lado, desde la Confepach recalcan que “es claro que el RPA está envejecido y al no haber medidas de incentivo al retiro, nuestros viejos siguen declarando y se mantienen vigentes no permitiendo la incorporación de nuevos agentes. Esto genera una gran cantidad de agentes que pasan a ser considerados ilegales, pero que al sincerar el RPA podrían tener una alternativa real de trabajo efectivo y legal”, dice Marcelo Castillo.

¿Qué se espera? Desde la Confepach siguen apostando por que las medidas se sinceren con el esfuerzo real en cada pesquería y que se generen las medidas de protección social y salida de quienes ya no ejercen el esfuerzo de manera digna. “Esta materia seguirá incluida en nuestra agenda de trabajo, hasta que se logre solucionar la problemática planteada. La solución pasa por generar opciones de salida e ingreso de los que realizan el esfuerzo en condición de ilegales.  No se trata de ingresar pescadores porque sí, ingresarán aquellos que realmente están trabajando”, manifiesta Marcelo Castillo.

En tanto, desde la Conapach, Zoila Bustamante concluye que “la Subpesca debe abordar la reforma integral del RPA de manera urgente, utilizando los proyectos de ley corta y bentónica actualmente en trámite y no postergarlo a un futuro proyecto de ley. Para el próximo año, esperamos la total tramitación de los proyectos de ley bentónica y corta para establecer un sistema de acceso de acuerdo con las realidades de las distintas pesquerías artesanales”.