Revista Aqua Nº231

enero de 2020

Requerimiento presentado por la FNE: El caso que remece a la salmonicultura chilena

Hasta el momento, tanto Biomar como Salmofood han manifestado su intención de aclarar, ante los organismos competentes, los hechos por los cuales están siendo denunciadas.

El pasado jueves 19 de diciembre se conoció que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había presentado, ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento en el cual acusa de colusión a las cuatro principales empresas productoras de alimento para peces que operan en Chile: Biomar Chile S.A. (con base en Dinamarca), Comercializadora Nutreco Chile Limitada (Skretting Chile, con base en Holanda), EWOS Chile Alimentos Limitada (hoy Cargill, con base en Estados Unidos) y Vitapro Chile S.A. (Salmofood, con base en Perú).

La FNE acusó a estas compañías de mantener un acuerdo para fijar los precios de venta de los alimentos para salmones y truchas entre los años 2003 y 2015. En su presentación, la entidad solicitó al TDLC que aplique a BioMar, Skretting y Salmofood una multa de 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a cada una, monto máximo contemplado en la ley vigente cuando ocurrieron los hechos acusados y que asciende a unos US$70 millones en total.

La Fiscalía también pidió al TDLC que exima de multa a EWOS (hoy, Cargill), puesto que fue esta la compañía que delató la existencia del acuerdo, aportando los antecedentes que dieron origen a la investigación y evidencia que luego fue fortalecida a través de diversas diligencias, entre estas la entrada, registro e incautación en las oficinas de las empresas involucradas y declaraciones de diversos ejecutivos.

Reacción de los gremios

Conocida esta información, la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile) emitió un comunicado en el cual consideró de la mayor gravedad los hechos denunciados por la FNE y valoró que “se lleven adelante este tipo de investigaciones en pos de cautelar la existencia de mercados transparentes y competitivos”.

Horas más tarde, y luego de una sesión extraordinaria de Directorio, los salmonicultores ligados al gremio informaron que si bien las empresas denunciadas tienen derecho a un debido proceso y a presentar sus descargos, se decidió suspenderlas –al menos hasta que el TDLC se pronuncie– de su participación como socias de la agrupación.

La Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes A.G. también emitió una declaración pública para expresar su “total rechazo e indignación” tras conocer la serie de prácticas denunciadas por la FNE. “El hecho es doblemente doloroso para el sector, dado que en el periodo de ocurrencia, la industria salmonicultora recién salía de los negativos efectos de la crisis del virus ISA, tras sufrir pérdidas por más de US$5.000 millones”, dijeron. Por eso, los salmonicultores del extremo sur pidieron a las instancias investigativas que el proceso se realice con la mayor prontitud posible y, de confirmarse la denuncia, “se apliquen penas rigurosas tal como lo señala nuestra legislación relativa a la libre competencia”.

Visión de las acusadas

El pasado 20 de diciembre, la productora de alimento para peces, Salmofood emitió una declaración en la cual “rechaza el requerimiento de la FNE de Chile. La compañía compite en los mercados donde está presente respetando la normativa de libre competencia aplicable”, según lo expresado. La firma descartó de plano encontrarse coludida con sus competidores, lamentando que se le haya involucrado en este requerimiento y manifestando su intención de demostrar ante las instancias pertinentes que no está sujeta a sanción legal alguna.

Schouw & Co., la firma controladora de BioMar, también se refirió a la situación en una carta a los inversionistas firmada por Jørn Ankær Thomsen (chairman) y Jens Bjerg Sørensen (presidente). Allí, se explicó que BioMar Chile, junto con otras empresas, ha estado siendo investigada, prestando toda la colaboración posible. Añadió que ahora la FNE ahora acusa a la firma de cargos de práctica concertada, basándose en circunstancias aisladas relacionadas con la industria chilena de alimentos para peces en el período 2003-2015.

En esa línea, desde el grupo manifestaron no reconocer estas acusaciones y que “la compañía tiene la intención de refutar los cargos que sostienen que ha participado en prácticas concertadas para restringir la competencia en la industria”.

Cargill, en tanto, se refirió a cómo surgieron los hechos. Según lo expuesto, poco después del cierre de la adquisición, en 2015, de EWOS a Altor y Bain Capital –dueños de la salmonicultora Nova Austral y que estuvieron a cargo de la productora de alimento por dos años, desde que la compraron a Cermaq–, “nuestros empleados nos informaron sobre prácticas en toda la industria de alimentación de salmón en Chile que eran inconsistentes con la Política de Competencia de Cargill y posiblemente violaban la ley de competencia chilena. Por esta razón, iniciamos una investigación, cuyos resultados pusimos a disposición de la FNE en enero de 2016”.

La gigante de la nutrición animal subrayó que “las prácticas, limitadas solo a Chile, incluían contactos con competidores que contravenían la Política de Competencia y el Código de Conducta de Cargill y fueron erradicadas inmediatamente”. Concluyó que “hemos colaborado decididamente con la FNE”.

Delación compensada y tipificación

Este es el séptimo caso en el cual la FNE presenta un requerimiento que incluye el mecanismo de delación compensada, reconocido -en línea con las palabras del fiscal Ricardo Riesco- como el instrumento más efectivo para la detección y persecución de carteles a nivel mundial. Se puede destacar que, en razón de la época en la que ocurrieron los hechos acusados, no es aplicable la modificación legal de agosto de 2016, que volvió a tipificar la colusión como un delito en Chile y estableció penas de cárcel. De ese modo, las empresas investigadas solo arriesgarían el pago de multas.